El proceso de revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán y sus 39 regidores fue criticado por el gasto que representa para el Estado implementar estas elecciones.

El cálculo arroja una inversión de 110 millones de soles -asumido por todos los peruanos-, en el que se incluyen los egresos por las cédulas de votación, las actas de escrutinio, las cabinas de sufragio, el traslado del material, los spot publicitarios y hasta el refrigerio de los miembros de mesa.

“Va a costar aproximadamente 110 millones de soles. Esto es el conjunto de los presupuestos del JNE, la ONPE y el RENIEC, más las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, calculó Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, en declaraciones a Frecuencia Latina.

Es más, si la alcaldesa de Lima fuera revocada de su cargo, se gastarían 110 millones de soles más para implementar las nuevas elecciones.

“El costo sería el mismo. Entonces, no habría diferencia porque toda la maquinaria va a tener que funcionar en ese sentido”, estimó el especialista en derecho municipal, Fernando Castiglioni.

No obstante, sostuvo que eso no es un gasto. “Yo no creo que invertir en la democracia sea un gasto, aunque sea 110 millones de soles”, afirmó. En tanto, Tuesta dijo que la población será la que juzgue : “Eso es el costo. Ya la gente sabrá valorar si eso es importante o no”.

Campaña política
Fuera del gasto estatal, también está la inversión de los grupos del NO y del Sí en la campaña electoral. “Definitivamente, eso cuesta de un millón de dólares para arriba”, calculó el comunicador Gustavo Rodriguez.

Asimismo, está el gasto en asesoría publicitaria de cada bando. El brasilero Luis Favre, contratado por el NO, habría cobrado 150 mil dólares por seis meses de campaña, mientras que el aprista Hugo Otero declaró que su trabajo es adhonorem a favor del SÍ.