La gestión pública tendrá siempre como prioridad devolver los aportes tributarios de los ciudadanos en forma de servicios que necesite, como educación o salud. Hoy, además, el funcionamiento del aparato público también tiene otra misión: generar un buen entorno para los negocios que apunte al desarrollo y la inclusión social de un país.

Francisco Javier Urra, especialista en Modernización del Estado del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), explica que se trata de una cadena. “La gestión pública también tiene que ofrecer un ambiente propicio a los negocios. Si actúa conforme a la legalidad, institucionalidad y con buen manejo de la política financiera, siempre se da este buen ambiente de negocios, que permite el crecimiento económico, que genera desarrollo e inclusión social”.

Y para que esta cadena se concrete, hay tres pilares. Primero, transparencia, que indica al ciudadano a dónde van los recursos y de dónde se obtienen. Luego, eficacia, que se da cuando la gestión pública cumple con lo que se espera de ella y, finalmente, la eficiencia, que implica “poder proveer el mayor número de cosas con unos recursos limitados”, detalla Urra.

Interno y externo
Es en estos tres puntos, pero en especial en la eficiencia, donde el rol del control o auditoría interna cobra importancia. Una figura que es ampliamente aceptada en la gestión empresarial, en el Estado peruano refleja lo contrario: solo un 3% de las instituciones públicas tiene alguna forma de control interno, aseguró Urra durante su exposición en II Congreso Internacional de Gestión Pública, organizado por B&Tmeetings.

“Cuando uno habla de ‘control’ hay un equívoco, que es entenderlo como control externo [Contraloría]. Esa es una versión muy limitada. Existe lo que se llama ‘el ambiente de control’, donde están los sistemas de control interno. El control externo es un control expos, cuando las cosas ya han ocurrido, entonces tiene un foco menos preventivo”, indicó Urra.

“Si se refuerza el control interno –continuó el especialista–, va a haber mucha menos corrupción. El control externo no tendrá que identificar qué se hizo. Pero más que eso, va a haber eficiencia. Los mecanismos de control interno, más que centrarse si hay corrupción o no, se centran en reportarle al gerente público: ‘cuidado, estamos haciendo esto de manera legal, pero no es la más eficiente’”.

Valor agregado
Este mecanismo también puede evitar que un concepto como “burocracia” deje de centrarse en el proceso y vele más por los resultados. “Muchas veces, las normas existen, se dieron en su día. Pero a la hora de analizarlas para el planeamiento estratégico, hay que ver el valor agregado de cada uno de los pasos”, recomendó Urra.

“El control interno ya es obligatorio, está en la ley. Pero no creo que deba haber una visión de castigar a las instituciones, sino hacer mucha pedagogía por parte de la Controlaría a los organismos: si usted tiene mejores instituciones de control interno, tendrá menos auditoria por parte de la Controlaría porque ya habrá hecho el trabajo”, finalizó el especialista.

EL DATO
Javier Franciso Urra ha trabajado en representación del BID con instituciones como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.