Inflación y desigualdad

Por Miguel Cardoso
Economista jefe para España de BBVA Research

La medición de la inflación es un elemento fundamental de las economías hoy en día, ya que su evolución determina, entre otras cosas, el cambio en el poder de compra de las rentas, la competitividad de la economía nacional o la política monetaria a implementar. Uno de estos factores que ha ganado atención recientemente es el impacto que el crecimiento en precios tiene sobre la redistribución de rentas. Por ejemplo, buena parte de los contratos que se firman entre particulares, y que involucran transferencias recurrentes de dinero, se fijan en términos nominales.

En este contexto, una inflación mayor a la prevista implica, por ejemplo, la redistribución de recursos desde los acreedores (que reciben menos de lo esperado en términos de bienes y servicios) a los deudores. Asimismo, en una economía con rigidez en los salarios y falta de competencia, el aumento en precios lleva a la caída del poder de compra de las rentas del trabajo, beneficiando a los empresarios en el corto plazo. Estos ejemplos no agotan el total de posibilidades, pero sí dan una idea de cómo la inflación puede ser un factor que explique parte de la redistribución de rentas y de por qué conviene mantenerla estable alrededor de un nivel preestablecido. Esta es una de las razones que justifica que los bancos centrales cumplan con sus metas de inflación.

Sin embargo, incluso si se logran dichos objetivos, la variación de los precios puede esconder efectos redistributivos. Para entender esto último hay que recordar que la inflación, medida utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), proporciona el cambio en el valor de la cesta de la compra del “consumidor promedio”. El problema es que este ente representativo dista mucho en parecerse a la mediana de consumidores: como al construir el IPC cada hogar tiene un participación proporcional a su nivel de gasto, se tiende a darle un mayor peso en la inflación a los bienes y servicios que adquieren las familias de rentas elevadas, responsables de una parte significativa del consumo que se realiza en la economía. Para estimar cuál es el impacto de este efecto, algunos investigadores han construido un índice de precios “democrático” ponderando por igual a las personas, sin importar su nivel de gasto. Sus resultados apuntan a que durante el período 1991-98 en España, la inflación medida con el IPC fue superior a la que se hubiera dado con dicho índice “democrático”.

Recientemente, la evidencia apunta a que la crisis ha incrementado la dispersión de la inflación que enfrentan los hogares españoles. En particular, se estima que entre 2007 y 2013 el comportamiento de los precios ha hecho que algunas familias hayan observado caídas en precios, mientras que otras han enfrentado incrementos superiores a un 8% en el coste de la vida. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las características de los hogares que más se han visto perjudicados por la evolución de la inflación? Desgraciadamente, lo que se observa es que mientras mayor es la renta del hogar, menor crecimiento en precios se ha tenido que enfrentar durante los últimos 6 años. Esto se debe a que las familias con menos ingresos tienden a concentrar su consumo en productos cuyo precio es más rígido a la baja, bien porque se trata de artículos de primera necesidad (alimentos), bien porque la administración interviene en la formación del precio (bebidas alcohólicas y tabaco), o bien por una combinación de ambos factores (alquiler y suministros para la vivienda). Asimismo, no vivir en una capital de provincia, tener una vivienda en propiedad con hipoteca en curso o ser una familia numerosa han sido características de hogares con mayores niveles de inflación.

Durante los últimos años, el crecimiento de la desigualdad en España ha estado principalmente determinado por el aumento de la tasa de paro. Sin embargo, existe también evidencia de que los hogares con menores niveles de renta, han tenido que soportar mayores tasas de inflación. Lo anterior escaparía de un análisis que utilizara solamente el IPC como guía para estimar la pérdida en el poder de compra de las familias y, por lo tanto, se correría el riesgo de subestimar el problema. Este ejemplo muestra lo apropiado de medidas como la Ley de desindexación de la economía que se presentó en el mes de enero en el Congreso, ya que la fijación en los contratos de ciertos precios o rentas a la evolución de la inflación puede perpetuar pérdidas o ganancias de poder adquisitivo de algunos hogares frente a otros grupos poblacionales.