(AP).- Los gobiernos latinoamericanos deben darle prioridad a la inclusión social en sus reformas estructurales o proyectos de infraestructura para contrarrestar el estancamiento de la desigualdad que generará la desaceleración económica que actualmente vive la región, advirtió hoy el Banco Mundial.

Al presentar un análisis sobre los logros alcanzados por ochos países en la reducción de la pobreza durante la última década que coincidió con un boom en los precios de las materias primas, la gerente sobre Pobreza en América Latina del Banco Mundial Louise Cord dijo que percibe en la región un interés importante en reformas estructurales inversiones en infraestructura.

Cord subrayó la importancia de que los sectores más pobres de la población puedan costear las tarifas de nuevos medios de transporte público o de las nuevas maneras de realizar transacciones comerciales debido a reformas regulatorias.

“Eso es importante. Pondrá a la región en una senda distinta. Pero al hacerlo será súper importante tomar en cuenta quién se beneficiará. Deben hacerse para que las personas de menos ingreso también puedan generar crecimiento y no ser solo receptores pasivos”, dijo en conferencia de prensa. “Lo que vemos es que el crecimiento trabaja mejor cuando es inclusivo”.

Si bien América Latina redujo a la mitad la pobreza extrema entre los años 2002 y 2011, más de 75 millones de personas aún subsisten con US$ 2.5 al día, la mitad de los cuales en Brasil y México.

Otra de las maneras de contrarrestar el estancamiento en la reducción de pobreza que se anticipa durante los próximos años debido a los cuatro años continuos de desaceleración que vive la región es comprender al detalle las causas de la deserción del mercado laboral entre los grupos más pobres.

El Banco Mundial dijo que el informe tiene como finalidad orientar a gobiernos y empresas sobre cuáles políticas resultaron efectivas y cuáles en la reducción de la pobreza.

“Las políticas y programas, para ser efectivos, no pueden diseñarse sin evidencia que los respalde”, escribieron en el documento Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe y Ana Revenga, directora senior para la pobreza en el Banco Mundial.