Las presuntas irregularidades del proceso de selección de los 17 consejeros económicos comerciales (OCEX) del Perú en el exterior en el 2013 dejaron muchas preguntas en el congresista Ángel Neyra, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior.

Agregó que la primera irregularidad involucra a todos los consejeros, ya que según Neyra, todos los postulantes seleccionados, ahora consejeros, no presentaron los documentos sustentatorios: antecedentes policiales, penales y judiciales en la fecha establecida en las bases.

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Respecto al requisito del conocimiento del idioma inglés, el congresista indicó que solo nueve consejeros sí cumplieron con el requisito de acuerdo a las bases. Asimismo, un caso particular declaró tener una tesis aprobada de maestría, pero solamente presentó una constancia de egresado.

Añadió que dicho postulante calificó como “no apto” en el proceso de selección; sin embargo, fue seleccionado dentro de los 17 consejeros que fueron nombrados; y, actualmente, es consejero en la oficina de Ghana.

Cuatro casos particulares, habrían falseado su Declaración Jurada, declarando tener maestría, pero sin sustento de los documentos pertinentes; y además, habrían presentado sus certificados de antecedentes personales, fuera de la fecha establecida en las bases.

Otro caso particular, según el congresista, quien es consejero en la oficina comercial de Portugal, evidenció ‘tráfico de influencias’ por tener vínculo matrimonial con una secretaria de Promperú, donde una funcionaria de la institución formó parte del Comité de Selección y Jurado entrevistador.

Neyra aseguró que no basa sus fundamentos en “supuestos periodísticos”, sino en información dada a conocer de forma pública por el Mincetur, e indicó que derivó su informe sobre las presuntas irregularidades al Ministerio Público y a la Fiscalía de la Contraloría. Actualmente, se mantiene a la espera de su revisión.

En ese contexto, denunció la afirmación de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, al catalogar dichas irregularidades como “fallas administrativas”.

Neyra sentenció que Silva no cumplió con las labores y funciones de supervisión integral del proceso del concurso, a pesar que lo exige la normativa legal vigente.

Esta situación ubicaría a la ministra bajo la presunción del delito de omisión a sus funciones. Por lo pronto, aseguró que tiene el apoyo de su bancada, y pese a que la Comisión de Comercio Exterior del Congreso desactivó el grupo de investigación, seguirá con la denuncia, porque no es imprescindible el apoyo de todos los 130 congresistas, ni mucho menos, de la Comisión.