(Bloomberg).- Transcurridos dos meses desde que asumió, el presidente argentino, Mauricio Macri, está apostando a que ganó buena voluntad suficiente como para conquistar a uno de los viejos archienemigos del país: el juez de distrito estadounidense Thomas Griesa.

La semana pasada, el gobierno solicitó a Griesa revocar los fallos que le prohíben pagar deuda externa hasta que el país llegue a un arreglo con los acreedores disconformes que quedaron de su cesación de pagos del 2001. La gestión se realizó una semana después de que el país llegó a un acuerdo para resolver los reclamos con EM Ltd. del multimillonario Kenneth Dart y con Montreux Partners. Cuatro fondos de cobertura, incluido Elliott Management del multimillonario Paul Singer, han rechazado hasta ahora la propuesta que pagaría unos US$ 6,500 millones por US$ 9,000 millones reclamados.

Griesa, de 85 años, está pidiendo ahora a los bonistas que despreciaron el acuerdo que expliquen por qué no debería levantar la prohibición, una marcada diferencia respecto de tiempos anteriores en que rechazaba solicitudes similares. Este gesto eleva las probabilidades de que Argentina pueda reanudar los pagos de deuda y pedir prestado el dinero que necesita para pagar sus acuerdos recientes, según Anna Gelpern, profesora de derecho en la Georgetown University en Washington. Levantar las medidas cautelares incrementaría considerablemente el poder de Argentina en sus negociaciones con los restantes acreedores no reestructurados, dijo.

“Es una orden que dice claramente: ‘siendo los acreedores no reestructurados que quedan, deben decirme por qué no debo ayudar a Argentina”, dijo Gelpern. “Es un giro de 180 grados”.

Macri está tratando de resolver la batalla que Argentina libra con acreedores desde hace un decenio como parte de sus esfuerzos destinados a desarmar las políticas de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner. En el 2014, el país entró en cesación de pagos por segunda vez cuando Fernández se negó a acatar las órdenes de Griesa de negociar con los acreedores no reestructurados (llamados “holdouts”), prometiendo no suavizar nunca las condiciones para los inversores que compraron los bonos después de la cesación de pagos, apodándolos “buitres”. Fernández también arremetió contra Griesa, llamándolo “senil”.

La ofensiva de Argentina para resolver sus antiguas batallas legales está haciendo subir los bonos externos del país, que avanzaron 4% este mes. Estos aumentos en las obligaciones negociables se comparan con una baja promedio de 1.2% para la deuda de mercados emergentes con calificación basura.

“Pensábamos que era más probable un acuerdo en el segundo o el tercer trimestre, pero ahora parece que podría ocurrir en el primer trimestre”, dijo Kevin Daly, administrador de cartera en Aberdeen Asset Management que colabora en la gestión de unos US$ 11,000 millones de deuda de mercados emergentes. Aberdeen tiene bonos argentinos, según datos recopilados por Bloomberg.

Las resoluciones de Griesa, que entraron en vigor en 2014, prohíben a Argentina pagar a los bonistas reestructurados a menos que también pague al mismo tiempo a los acreedores no reestructurados. Argentina debe actualmente unos US$ 3,800 millones en intereses vencidos a los bonistas que entraron en el canje, según Nomura Securities International.