Argentina pide a juez Thomas Griesa de EE.UU. permitir pago de parte de su deuda reestructurada

El pedido tiene lugar luego de que enviados del nuevo gobierno argentino del presidente Mauricio Macri y representantes de los fondos especulativos y otros acreedores negociasen la semana pasada en Nueva York una propuesta para poner fin al litigio que lleva más de una década.

(AFP) El gobierno argentino pidió oficialmente al juez estadounidense Thomas Griesa que levante la orden que impide el pago de parte de su deuda reestructurada, para avanzar con su oferta a los fondos especulativos y otros acreedores y resolver el litigio por títulos en default desde el 2001.

El pedido fue presentado en un escrito por el abogado Michael Paskin y el juez Griesa decidió dar plazo a los querellantes hasta el 18 de febrero para responder a la demanda, según documentos del expediente en los tribunales federales de Manhattan.

El pedido tiene lugar luego de que enviados del nuevo gobierno argentino del presidente Mauricio Macri y representantes de los fondos especulativos y otros acreedores negociasen la semana pasada en Nueva York una propuesta para poner fin al litigio que lleva más de una década.

Al final de cinco días de arduas tratativas, Argentina presentó una oferta que incluye una quita del 25% sobre una deuda reconocida de US$ 9,000 millones en sentencias del juez Griesa, es decir US$ 6,500 millones, que serían pagados en efectivo.

Dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron el juicio en Nueva York aceptaron la propuesta, aunque los dos más duros, NML Capital y Aurelius, que en el 2012 lograron la sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a US$ 1,750 millones, la rechazaron.

El pedido de Argentina busca que Griesa levante la orden judicial que en julio del 2014 congeló un pago de US$ 539 millones en Nueva York a bonistas que habían adherido a los canjes de deuda del 2005 y 2010, provocando un default parcial del país, además de privarlo de financiación externa.

Esas reestructuraciones, rechazadas por los denominados fondos “buitres” y otros querellantes, fueron aceptadas en su momento por 93% de los acreedores e incluyeron importantes quitas.

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