El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, manifestó que, sobre la llamada ‘Ley Coca – Cola’, la lógica jurídica y el sustento de la norma son bastante claros: los cobros tienen que ser a valor arancelario y los municipios están yendo en contra del ente rector al cobrar por valor de mercado.

“El tema de fondo ahí es que el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda, la ley y el Reglamento Nacional de Construcciones, indican que los cobros tienen que ser a valor arancelario y los municipios están cobrando a valor de mercado; es decir, están contra el ente rector”, explicó.

En entrevista con Canal N, el titular del MEF dijo que sobre esta ley ya hubo una declaración por parte del ministro de Vivienda y también del exministro Castilla.

“Fue un tema en los considerandos, un error que cometió un asesor en términos de pegar un argumento, pero la lógica jurídica y el sustento de la norma son bastante claros”, declaró.

A raíz de la discusión del destrabe de proyectos como medida para reactivar la economía, Segura manifiesta que parte del problema que han identificado es que distintas instancias de Gobierno no aplican rigurosamente la ley por distintas razones, y hasta en algunos casos la desconocen.

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El proyecto 3690-2014 enviado por el Gobierno al Congreso modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones para que el aporte que las inmobiliarias deben hacer por habilitación urbana se realice en base al valor arancelario y no en base al valor de mercado de la edificación.