El presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, replicó a las observaciones del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, de que el fisco debe pagar compromisos asumidos en el cofinanciamiento de Asociaciones Público-Privadas (APP) hasta los 30 años que duran las concesiones, mientras la obra pública permanece en el balance estatal por solo tres años.

Prialé cuestionó que el MEF reduce el tema de las APP a un asunto meramente contable, señalando que las obras públicas, con frecuencia, terminan abandonadas, en ruinas o los recursos destinados a estas desaparecen y la obra no se culmina.

En tal sentido, insistió con la propuesta de AFIN de ampliar la capacidad de endeudamiento del Estado para sostener un programa de mediano y largo plazo de obras (en APP) priorizadas.

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“Lo cierto es que hay capacidad de endeudamiento, lo que no hay es capacidad de gestión estatal (para realizar proyectos en APP)”, aseveró.

Afirmó que AFIN coincide en la necesidad de priorizar apropiadamente las APP, para evitar errores al asignar recursos.

Nadie desea elefantes blancos. Igualmente hay que mejorar los estudios y los procesos, para evitar demoras y minimizar las adendas. Es vital un cuidadoso registro de los compromisos de inversión que comprometen recursos fiscales, apuntó.

Sin embargo, subrayó, el MEF exagera al decir que una obra pública se construye en tres años luego de lo cual sale del balance estatal, mientras que los compromisos asumidos al pagar la parte cofinanciada de una APP no se extinguen, pues se quedan en el balance hasta 30 años considerando los compromisos por su construcción, operación y mantenimiento a largo plazo.

Recordó que una obra cofinanciada tiene un costo de construcción independientemente de su modalidad. “Si se hace como obra pública el Estado asume todo el riesgo, y la paga mientras se construye con recursos propios o endeudamiento, y si hace mantenimiento lo paga como gasto corriente cada año con recursos propios o endeudamiento”, aseveró.

En cambio, añadió, si el proyecto se hace como APP, el riesgo es distribuido entre las partes, y la construcción y su mantenimiento se pagan en cuotas a lo largo de 30 años, con recursos propios o endeudamiento (igual que en la obra pública).

La disyuntiva entonces –observó- sería hacer una obra pública y pagarla al contado en 3 años mientras se construye; o, con los mismos recursos fiscales, contratar y construir varias obras necesarias mediante APP y pagar su parte cofinanciada en 30 años.

En tal sentido, insistió en que el apalancamiento es una gran ventaja a favor de las APP, junto con su nivel de servicio y su mantenimiento asegurados.

El país tiene una sólida posición fiscal con deuda pública neta de solo 3.6 % del PBI. Tenemos espacio para establecer una política fiscal que acompañe el endeudamiento necesario para sostener un programa de mediano y largo plazo de obras debidamente priorizadas, para enfrentar la brecha de infraestructura estimada en 160,000 millones de dólares al 2025, sentenció.

Al lado de las fallas de gestión de las APP, el tema del endeudamiento parecería una forma de sacar el cuerpo. Lo cierto es que sí hay capacidad de endeudamiento, lo que no hay es capacidad de gestión estatal.