El presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, se dirigió mediante una carta al presidente de la Comisión de Constitución del Congreso en el que muestra su preocupación por los alcances del proyecto de ley 1410 de Fuerza Popular (Ley que modifica el Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión).
“Parecería que el objeto último del proyecto de ley es forzar la quiebra y dejar fuera de actividad a las empresas peruanas vinculadas a Odebrecht. Como el proyecto de ley es ilimitado en sus alcances, el daño que produciría en la actividad económica del país y el sector de la construcción es también ilimitado”, sostiene Prialé.
Resalta que además de los aspectos inconstitucionales que contiene, esta medida desproporcionada ocasionaría parálisis en la economía del país y las inversiones, el rompimiento de la cadena de pagos en la industria de la construcción, impactando severamente a las entidades financieras y de pensiones que financiaron o invirtieron en estos proyectos, colocando al país en una muy precaria situación económica.
“Encontramos sumamente riesgoso introducir una modificación legislativa de este tipo que ocasionaría daños irreparables, por lo que manifestamos nuestra opinión contraria a la misma, solicitándoles se realice un análisis jurídico exhaustivo de la propuesta normativa”, alertó el titular de AFIN.
En las conclusiones a las que llegó AFIN, sobre el proyecto de ley de Fuerza Popular, está el que resulta paradójico que, como indica la exposición de motivos del PL, para cautelar con mayor precisión los intereses del Estado, se desarrolle normativa basada en la imprecisión e inconstitucionalidad al violar principios de debido proceso y presunción de inocencia, entre otros.
Asimismo indica que el proyecto de ley busca sancionar no solo a la persona jurídica asociada al momento de los actos de corrupción, sino a la misma persona jurídica en todos sus demás actos independientes del contrato en que se generó esa situación.
“Además de afectar a los accionistas de la persona jurídica titular de la concesión o a los socios de un consorcio en el caso de obras públicas, se busca afectar a esas mismas personas jurídicas en todos sus otros negocios, que no tienen vinculación con los actos cuestionados”, detalla.
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