El Estado publicó la Ley N° 30618, que autorizó al Sistema Nacional de Inteligencia a realizar todas las actividades destinadas a alcanzar la seguridad digital en materia de seguridad nacional.

Así, se establece que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) es la autoridad normativa nacional, y está facultada a que en caso de amenaza a la seguridad digital obtenga de las entidades públicas y privadas la información de entornos digitales (motores de búsqueda, telefonía por Internet y otros).

La DINI depende del presidente de la República y está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

La crítica
Para el especialista Erick Iriarte, esta nueva legislación supone una situación riesgosa, en un Gobierno autoritario, o tan siquiera con controles no democráticos, ya que podrían ocurrir intentos de censura, por “motivos de seguridad digital”.

“El Estado podría decidir qué puerto o cuál servicio pudieran no disponerse, o incluso a que desde las empresas de telecomunicaciones se bloqueen herramientas y servicios digitales a los ciudadanos para que no ejerzan su libertad de expresión”, afirmó Iriarte.

Por ello, resaltó, en los tiempos actuales son necesarias las políticas de ciberseguridad, ciberterrorismo y ciberdefensa, pero ellas deben realizarse con el respeto irrestricto de los derechos humanos, en espacios multiestamentarios, colaborativos y democráticos.

En ese sentido, dijo, la ONU con Resolución 68/167, recomendó a los estados que tengan la menor injerencia posible (directa o indirecta) en generar instrumentos así como dar poder a entidades para violar los derechos y libertades de los ciudadanos.