Ningún país de la OEA ha secundado por el momento la suspensión que reclaman Almagro y la oposición venezolana.

Por la aprobación de la Constituyente, Estados Unidos y Canadá han impuesto sanciones financieras al gobierno de Maduro, además de disponer medidas específicas contra el mandatario y varios integrantes de su gobierno.

El objetivo es reunir información sobre la eventual comisión de delitos de lesa humanidad durante la represión a las protestas en Venezuela, para analizar si el caso amerita que sea elevado a la CPI, con sede en La Haya.

Moreno Ocampo, un abogado argentino que trabajó durante nueve años como fiscal de la CPI, encabezará una serie de audiencias públicas en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir de setiembre.

En una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el brasileño José Luiz Machado, Almagro, un férreo crítico del Gobierno venezolano, solicitó la reunión “lo más pronto posible” y sugirió la tarde del viernes 7 de julio como posible fecha.

El secretario general del organismo, Luis Almagro, insistió en conferencia conjunta el canciller mexicano, Luis Videgaray, en que Venezuela tiene una crisis constitucional y que necesita un calendario electoral, respetar al Congreso, un poder judicial independiente y liberar presos políticos.

En esa ocasión, los ministros y representantes de los países miembros de la OEA no lograron aprobar uno de los dos proyectos de declaración que estaban sobre la mesa.

Con esa idea, apuntó Almagro, Venezuela pretendía llevar a los dos proyectos de Declaración “al fracaso”, ya que no habría votos suficientes para aprobar ninguna de la dos.

Cuatro manifestantes murieron tras ser heridos de bala entre el lunes y el martes en protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con lo que suman 42 los fallecidos en seis semanas de manifestaciones.

“Hemos llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente de Venezuela pueda expresarse y redemocratizar el país”, afirmó Luis Almagro.

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VIDEO. En un hecho sin precedentes en la OEA, Venezuela se aparta voluntariamente alegando que un grupo de países encabezados por EE.UU. hace “intervencionismo e injerencismo” para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Luis Almagro, tomó esta determinación a raíz de las decisiones adoptadas en dicho país. La meta del encuentro es discutir la situación de Venezuela y tomar acciones.

Almagro condenó los dos dictámenes de esta semana del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que removió la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional (AN) y asumió el papel legislativo.

El martes las representaciones diplomáticas de 18 países, incluyendo Canadá, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Jamaica y Uruguay, convocaron una reunión para discutir la situación en Venezuela.

Los países de comprometen a “colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales de Venezuela”.

En los encuentros con esos grupos, el excanciller uruguayo pedirá evaluar las recomendaciones para activar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Venezuela como miembro si no realiza elecciones generales en breve.

En su documento presentado el jueves, Venezuela desestimó asimismo los requerimientos de Brasil, Uruguay y Georgia para que reconsidere “su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó al ente regional a suspender a Venezuela si el país no realiza elecciones generales en breve.

Luis Almagro condenó la omisión regional ante la crisis política y económica en Venezuela, exhortando a los países a realizar “acciones específicas” para “restaurar la democracia en ese país”.

Luis Almagro llamó a los países de la región a observar la situación en Venezuela “no como una batalla ideológica”, señalando que se trata del respeto a las garantías individuales y los derechos políticos de sus ciudadanos.

Almagro tenía en agenda viajar a Cuba para recibir un premio de la organización Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, ligada a la disidencia cubana.

La CIDH defendió el derecho a la libertad de expresión, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ese documento dejó de tener competencia en Venezuela luego que Caracas lo denunciara en el 2012.

Admitir acciones de otras instituciones que paralicen la labor del Parlamento venezolano configuraría un “golpe de Estado a través de la disolución de hecho” de un poder público que agravaría la convulsa situación política, afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió postergar el recaudo de cuatro millones de firmas (20% del padrón de votantes), previsto entre el 26 al 28 de octubre, Luis Almagro se pronunció en contra vía Twitter.

“Ningún foro regional o subregional puede desconocer la realidad de que hoy en Venezuela no hay democracia ni Estado de Derecho”, escribió el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Ministro de Defensa de Venezuela señala que el secretario general de la OEA forma parte de un “plan de intervencionismo auspiciado por potencias extranjeras”.

El embajador peruano ante la OEA señaló que esta organización estaba acostumbrada a secretarios generales con “mucha parsimonia” y saludó la posición de Luis Almagro.

En un informe de 132 páginas publicado hoy, el secretario de la OEA, Luis Almagro, recurre al artículo 20 de la Carta para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”.

El jefe de la OEA no adelantó el contenido o el tono del informe, que contempla una evaluación de la situación económica, social y política en Venezuela.

En la OEA, la canciller venezolana acusó a Luis Almagro de respaldar los pasos de opositores y seguir “instrucciones” de Estados Unidos para invocar la Carta Democrática Interamericana contra ese país.

Los cancilleres de Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay indicaron que los países del bloque están analizando los “próximos pases a seguir” ante la posibilidad de que el tema sea debatido en la Asamblea General de Naciones Unidas.