Investigación se basa en informe policial. Los pagos fueron para Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, Gabriel Prado, exfuncionario de la Municipalidad de Lima, Jorge Cánepa, exarbitro de la CCL, Rómulo Peñaranda, presidente de Alpha Consult y el expresidente de Ositrán, Juan Carlos Zevallos.

La constructora detalló, en su cuenta de twitter, que usará el dinero para el “pago de trabajadores, a la reparación civil, impuestos y acreedores de sus proyectos en Perú”.

El exjefe de Estado se defendió de las acusaciones que lo indican como pieza clave para las inversiones brasileras durante su mandato. Dijo que es un presidente que “no se vende, por orgullo nacional” y a sus adversarios les instó a que “no proyecten en mi vida la podredumbre de su alma”.

El reglamento de protección señala que para el otorgamiento de medidas de protección, la denuncia debe tener trascendencia (se otorga cuando está en riesgo o peligro los derechos del denunciante), gravedad y verosimilitud.

“Es imposible saber cuales serán los flujos de caja futuros de la empresa si se descubre que hayan estado involucrados en delitos”, refiere la SAB a sus clientes.

También se acordó pedir al Ministerio de Energía y Minas que remita toda la información contractual y demás referida al proyecto de modernización de la Refinería de Talara.

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La presidenta del Congreso dijo que se debe de investigar a fondo para que caigan todos vinculados con el pago de sobornos. “No más obras sobrevaloradas, no más impunidad”.

Inclusive casi el 50% de encuestados señala que PPK también recibió coimas de la constructora brasileña cuando fue exministro en la gestión de Alejandro Toledo.

Se trata de Edwin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitación del Metro de Lima Línea 1, y Jorge Cuba, exvicemintro de Comunicaciones. Este último se encuentra como prófugo de la justicia. Ambos trabajaron durante el gobierno de Alan García.

Odebrecht acordó esta semana realizar un depósito voluntario de US$ 8.9 millones a la tesorería peruana como un acto de buena fe. El pago se suma a las multas penales que los tribunales impondrán posteriormente a la empresa.

El agente policial que acepta cualquier ventaja o beneficio será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación.

A su criterio, acompañando las solicitudes de la cooperación internacional debió haber una actitud más proactiva.

La fecha límite para que los bancos aprueben el crédito para el ducto es el 23 de enero. Luego de eso, el gobierno puede rescindir la licencia del proyecto.

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El congresista de Acción Popular considera que las empresas socias a Odebrecht también están involucradas en los pagos de sobornos y coimas.

El Ministro del Interior señaló que se buscará nueva fórmula legislativa para sancionar “tanto al corrompido como al corruptor”. También ampliará a nivel nacional el sistema de recompensas por denuncias contra corruptos y delincuentes.

Apra y fujimorismo plantean que el próximo Parlamento continúe con las indagaciones de este caso. En cambio, Juan Pari, titular del grupo investigador, insistirá en que se vote documento que elaboró.

Diversas investigaciones periodísticas difundidas hoy involucran a polémicos proyectos impulsados y financiados en el continente por el banco estatal brasileño BNDES.

La Presidencia del Consejo de Ministros inició una campaña para crear consciencia en la población de que se debe desterrar la idea de tener autoridades que “roban pero hacen obra”.