Ministro Eleodoro Mayorga dijo que el Gobierno ve con “optimismo” un acuerdo de la minera con las comunidades aymaras que viven cerca del depósito en la región Puno.

A pesar de la medida, la minera canadiense dijo que seguirá en negociaciones con el Gobierno peruano para buscar una “solución amistosa” a la disputa sobre la mina de plata.

“Esta sentencia indica que se nos devuelvan los derechos de hacer uso de la zona para poder trabajar en la mina”, explicó Andrés Franco, vicepresidente de desarrollo de corporativo de la empresa.

La minera entregó al Gobierno un “aviso de intención” para iniciar un arbitraje internacional por la paralización de Santa Ana desde el 2011. Puso un plazo de seis meses para resolver la controversia por la vía del diálogo.

La minera puso un plazo de seis meses para resolver la controversia por la vía del diálogo. De lo contrario, irá a los fueros internacionales luego de que en el 2011 el gobierno de Alan García paralizará el proyecto ubicado en Puno.

La minera canadiense acordó destinar US$ 1.6 millones anuales por 23 años a un fideicomiso para el distrito de Corani. Los pagos se efectuarán incluso si se caen los precios de los metales. El Gobierno deberá aprobarlo en 90 días.

Empresa canadiense considera que es “fundamental” para la situación legal de la concesión, paralizada desde junio del 2011 en Puno. Con ello, la justicia peruana descartó que la adquisición de la minera fuera hecha irregularmente, como lo denunció el congresista Yonhy Lescano.