Sobre la ley laboral juvenil, por Jorge González Izquierdo

Opinión. El Gobierno debe cambiar su enfoque y dirigirse más hacia la elaboración de un programa de educación y entrenamiento.

Por: Jorge González Izquierdo

Hace poco el gobierno del presidente Humala gestó y promulgó una ley laboral orientada a resolver el problema de escasa empleabilidad e informalidad laboral para los jóvenes entre los 18 -24 años ¿Es acertada la posición del gobierno? No. Por las siguientes razones.

Primero, considero que el diagnóstico que sustenta la ley es errado. Según ese diagnóstico, la razón principal por la que la cantidad demandada del flujo de servicios de ese tipo de mano de obra es baja, es el alto costo de su contratación. Entonces, la receta tiene que ir dirigida a reducir el costo de contratación. ¿Cómo? Eliminando CTS, gratificaciones, reduciendo vacaciones, etc.

En mi opinión, la razón principal de la situación descrita no es tanto el alto costo de contratación sino los bajos niveles de productividad que exhibe dicho tipo de mano de obra. Con mayores niveles de productividad esos costos dejarían de ser “altos”. Y, ¿Por qué se dan esos bajos niveles de productividad? Por dos razones en lo fundamental. Primero, por su escasa o nula educación para el trabajo. Segundo, por su escasa o nula experiencia laboral. Si es así, entonces la recomendación debe ser otorgar educación para el trabajo y algo de experiencia.

Para ello, recogiendo la experiencia y conocimiento del Ministerio de Trabajo durante la segunda mitad de los años 90s., propongo la confección del siguiente programa. El gobierno debe promover con el sector privado la elaboración de un programa de alcance nacional que contenga dos núcleos básicos, dirigidos a jóvenes entre 16 años y 25 años.

El primer núcleo, sería de naturaleza teórica donde se educa para el trabajo en forma gratuita; la duración dependerá de la complejidad del oficio pudiendo ser uno, tres o más meses; quienes otorguen la educación serían instituciones del sector privado a las que se les pagaría por sus servicios. El segundo núcleo, sería de naturaleza práctica donde en convenio con empresas privadas se les da la oportunidad a los jóvenes de practicar los conocimientos adquiridos durante un tiempo relativamente corto. Después de ese proceso se soltaría a los jóvenes al mercado laboral pero estarán en mucha mejor posición que antes. Tendrán educación, capacitación para el trabajo y algo de experiencia, mejorando apreciablemente sus posibilidades de encontrar empleo adecuadamente remunerado.

Segundo, la causalidad implícita en la ley es la de salario real (costo de contratación) hacia el nivel de empleo por lo que si queremos afectar el empleo debemos alterar el costo de contratación. Pero esta causalidad es válida si estamos en situaciones de pleno empleo o cerca de él y si asumimos competencia perfecta en los mercados. Si tenemos apreciable desempleo coyuntural (involuntario) y asumimos competencia monopolística, la causalidad es al revés.
Aquí es el nivel de demanda agregada (producción) el que determina el empleo y este a su vez el salario real. Y si en cambio, tenemos apreciable desempleo estructural y/o friccional el tema pasa por políticas específicas de oferta y no tanto de demanda o de alteración de precios relativos.

Tercero, con diferentes matices en los gobiernos de los señores Toledo y García se tomaron medidas similares enfocadas a la micro y pequeña empresa con escasos resultados en materia de formalización laboral, tributario, etc.

Cuarto, si hacemos uso de la teoría del “second best”, tan pertinente para este tema, llegaremos a la conclusión que las medidas propuestas no mejoran necesariamente la eficiencia ni el bienestar.

En resumen, considero que el Gobierno debe cambiar su enfoque y dirigirse más hacia la elaboración de un programa de educación y entrenamiento.