El ministerio fijó un plazo de diez días hábiles para recibir las opiniones de los sectores involucrados.

De acuerdo con el director ejecutivo de la SPDA, Pedro Solano, las medidas promovidas por el Gobierno está promoviendo “conductas ilegales” al reducir la rigurosidad de las sanciones.

Entre otros asuntos, se plantearían mecanismos para lograr que los estudios de impacto ambiental sean aprobados con más rapidez que ahora.