Desde el viernes ha ido subiendo el tono sobre el futuro del pequeño enclave con 32,000 habitantes, cedido por España a Reino Unido en 1713, pero reivindicado por el reino español desde hace décadas.

Olivier Bailly, portavoz de la Comisión Europea, aseguró que el impuesto de 50 euros sugerido por el Gobierno español para la entrada de los ciudadanos del enclave al país europeo no tiene cabida entre socios de la UE.

El portavoz del primer ministro británico indicó que su país considera que los controles más rigurosos por parte de los agentes españoles en la frontera están “motivados políticamente y (son) totalmente desproporcionados”.