Según la resolución del Indecopi, la multa al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) se aplicará también a la Asociación Peruana de Consultoría (APC), ya que ambos perjudicaron con una ‘práctica colusoria horizontal’ a Provías Nacional.

La suma que deberá pagar CMPC representa el 78% de las utilidades obtenidas durante el tiempo en que se produjo la colusión, explicó Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

Elizabeth DeLuca, una portavoz de Teva, dijo que la compañía no comenta sobre precios individuales de productos y que muchos factores pueden influir en lo que cuesta un medicamento.

El estudio publicado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se basó en la acción coordinada entre el grupo local Empresas CMPC y PISA en la venta de papel higiénico en el período 2001-2010.

Play

Tomás Menchaca, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, advirtió que la persecución de carteles debe enfocarse cuando hay pocos actores en un determinado mercado. Está práctica genera un incremento del precio del producto que vende o produce el cartel de 15% o más.

La aprobación de las nuevas normas ocurre en momentos en que la confianza de los consumidores hacia las empresas se ha desplomado, tras varios casos de colusión y de desvíos de dinero a campañas políticas.

Empresas también se negaron a participar en procesos de selección, presionando a EsSalud para que varíe los precios referenciales del citado servicio, informó el Indecopi.

Mientras en Estados Unidos la colusión (concertación de precios) se considera un delito penal y es perseguida con cárcel, en Chile y el Perú es solo una infracción administrativa. Sin embargo, el vecino del sur está a punto de cambiar su legislación luego del emblemático caso del papel higiénico entre CMPC Tissue y SCA Chile.

Esto se debería por una presunta concertación por parte de diversas panaderías piuranas respecto al precio del pan desde el año 2011.

Sol Gas, Llama Gas, Zeta Gas y Lima Gas fueron algunas de las empresas visitadas en sus puntos de venta de la capital y el Callao. Con la información recogida, el regulador investigará si existe una práctica colusoria.