Jiménez Mayor aseguró que se cumplió con trasladar al interno al penal de Chorrillos, pero sostuvo que el INPE decidió que regresara a la Base Naval del Callao por medidas de seguridad.

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La Fiscalía había solicitado seis años de cárcel y el pago de S/. 35 mil para el etnocacerista por corrupción de funcionarios del INPE.

Para ese poder del Estado, la medida del Ministerio de Justicia genera suspicacias.