La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone en la mira a sociedades anónimas cerradas por sospecha de lavado de dinero. Las transferencias de acciones de estas empresas no se inscriben en Registros Públicos, lo que dificulta saber quiénes son sus dueños. Se crean “firmas fachada” para lavar dinero ilícito.