Parlamento de Venezuela denuncia "dictadura", países de la región cuestionan falta de democracia
En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ le autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el Congreso.
Por: Redacción Gestion.pe
(Reuters) El Parlamento de Venezuela se declaró en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país, que se adjudicó competencias legislativas, desatando la preocupación de varios gobiernos de América y Europa ante lo que consideraron un deterioro del orden democrático.
El TSJ, que anuló muchas acciones del Congreso desde que pasó a ser controlado por la oposición en el 2016, dictaminó expresamente el miércoles en un fallo que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, indicó la sentencia.
En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ le autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el Congreso.
“Este Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional”, dijo el presidente del legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a la prensa. “A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos”.
El líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió desde Bogotá que la comunidad internacional se pronuncie sobre la situación, que consideró un “golpe de Estado”.
“¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?”, se preguntó Capriles.
El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en “desacato” al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.
Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el Parlamento para favorecer al Gobierno.
La oposición acusa a Maduro de ser el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de bienes, pero el mandatario de 54 años sostiene que sus adversarios libran una “guerra económica” con el fin de desbancarlo.
“Fujimorazo”
Desde los jardines de la Asamblea Nacional, Borges llamó a los venezolanos a defender la democracia en las calles y convocó a una marcha para el sábado.
Pequeños grupos de manifestantes con pancartas y silbatos emergieron el jueves en diferentes puntos de la capital Caracas. Más temprano, un puñado de parlamentarios chocó con efectivos militares que resguardaban la sede del Tribunal.
Diversos miembros de la oposición compararon el episodio con el “fujimorazo”, como se conoce a la disolución del Congreso perpetrada en 1992 por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.
Y fue Perú el primero que reaccionó ante la situación en Venezuela, anunciando el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta por el “flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país”.
Argentina, Colombia, México, Brasil, Panamá, Chile, Guatemala y la Unión Europea también mostraron su preocupación por la situación venezolana. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la decisión del TSJ es “un serio revés para la democracia”.
“Denunciamos el concierto de la derecha regional para atacar el sistema democrático venezolano, de base popular e inspiración bolivariana”, respondió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter @DrodriguezVen.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió una reunión “urgente” del Consejo Permanente del organismo para discutir la situación.
Esta semana, 20 miembros de la OEA llamaron al diálogo en Venezuela, pero no llegaron a respaldar la petición de Almagro de suspender al país petrolero del ente.
A pesar de los reclamos, la medida del TSJ puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el Congreso no serían válidos.
Venezuela busca levantar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos.
La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación en la empresa conjunta Petropiar, dijeron fuentes a Reuters.