No espere cobertura de salud si sobrevive a una herida de bala
De 2001 a 2015, hubo más de 1 millón de lesiones no mortales por armas de fuego, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Por: Redacción Gestion.pe
(Bloomberg) Entre los sobrevivientes a disparos, Steve Scalise, de 51 años, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes es un caso atípico. Dichas víctimas tienen más probabilidades de ser hombres negros de bajos ingresos entre los 15 y los 24 años.
Scalise, que es blanco, sí comparte una característica fundamental con estos hombres más jóvenes: haber recibido un disparo significa que ahora tiene una condición preexistente a los ojos de las aseguradoras de salud.
Para la mayoría de la gente, ese estatus podría significar más penurias financieras con la reforma republicana de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Las filas cada vez más numerosas de víctimas estadounidenses de disparos podrían enfrentar mayores costos de seguros y menos cobertura si la ACA es reemplazada por un proyecto de ley que refleja los que están pendientes en el Congreso.
Los sobrevivientes podrían enfrentar topes en dólares anuales o de por vida en la cobertura, prohibidos según la ACA.
Esto podría significar la muerte de algunos y la ruina financiera para otros, dado que los costos de atención de por vida pueden llegar a los millones de dólares.
Los sobrevivientes de ingresos más bajos, que son la mayoría de las víctimas, contaron con la cobertura estatal ampliada de Medicare en los últimos años. Algunos de ellos podrían llegar a perder completamente su cobertura médica.
Las consecuencias de estos cambios, según un informe publicado el jueves por Brady Campaign and Center to Prevent Gun Violence, son que los contribuyentes y consumidores con seguro privado terminarán pagando gran parte del costo de esa atención.
¿Cuál es la lógica del grupo de control de armas? Los centros de tratamientos de emergencia tendrán que compensar la deuda de los pacientes sin seguro elevando los precios para aquellos que pueden pagar y requerirán “mayores aportes de otros programas financiados por los contribuyentes a nivel local y estatal, lo que derivará en precios de los seguros privados más altos e impuestos más altos”.
De 2001 a 2015, hubo más de 1 millón de lesiones no mortales por armas de fuego, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Cerca de 1,600 personas son atendidas en centros de traumatología estadounidenses cada semana, según el informe Brady.
Solamente en el fin de semana largo del feriado del 4 de julio, hubo en Chicago al menos 102 tiroteos, con 87 supervivientes, según el Chicago Tribune.
Cada año mueren 34,000 personas a causa de disparos, en tanto 81,000 sobreviven, dice el informe Brady, y sus necesidades médicas pueden ser enormes.
La factura por internación hospitalaria inicial de personas con heridas de bala de 2006 a 2014 promedió más de US$ 730 millones anuales, según un estudio de 2017 de la Universidad de Stanford.
El costo promedio por paciente fue de US$ 24,000 a US$32,000.
Esto no incluye la rehabilitación, el dinero perdido por no poder trabajar, el impacto financiero en las familias ni visitas futuras al hospital. Con la ley de Cuidado de la Salud Asequible, la hospitalización inicial está cubierta, al igual que la atención de seguimiento.
De los costos por disparos contemplados en el estudio de Stanford, Medicaid cubrió alrededor del 35% y Medicare alrededor del 6%, por un total de 41%.
Es difícil determinar el cálculo de los costos de atención médica para los sobrevivientes de disparos, en parte porque una agencia gubernamental tenía efectivamente prohibido investigar el tema.
En 1996, una enmienda adjuntada a un proyecto de ley de asignaciones recortó US$ 2.6 millones al presupuesto de los Centros de Control de Enfermedades --el monto que la agencia había gastado el año anterior en investigación sobre lesiones por armas de fuego.
La enmienda del congresista republicano Jay Dickey, miembro de la National Rifle Association, estipula que “ninguno de los fondos disponibles para la prevención y control de lesiones en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades puede ser utilizado para promover o defender el control de armas”.