Editorial: Cambios bajo la alfombra
Tratar de reducir o terminar con la informalidad ha sido el planteamiento de más de un gobierno, y si bien se han realizado esfuerzos no se han logrado resultados notorios.
Por: Redacción Gestion.pe
REFORMA LABORAL. La informalidad sigue siendo uno de los mayores problemas en la economía. Genera competencia desleal frente a empresas adecuadamente constituidas, no permite que la recaudación tributaria aumente y mantiene a un gran sector de los trabajadores sin beneficios laborales.
Tratar de reducir o terminar con la informalidad ha sido el planteamiento de más de un gobierno, y si bien se han realizado esfuerzos no se han logrado resultados notorios.
La informalidad requiere ser abordada desde diferentes aspectos como los tributarios o de financiamiento, pero también desde el punto de vista laboral, y es quizá en este tema donde se generan los mayores problemas, pues mientras desde el Poder Ejecutivo o el Legislativo se evitan hacer las reformas necesarias por temor a las reacciones de la población —como sucedió con la mal llamada Ley Pulpín—, desde el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional (TC) se dictan sentencias que terminan modificando la legislación laboral y no de la forma que el país necesita.
Durante este año desde las páginas de Gestión se han comentado por lo menos trece sentencias judiciales y del TC, once de las cuales implican una interpretación más rígida de la normativa laboral y varias de ellas han generado precedente de observancia obligatoria.
Los fallos dictados este año han generado que sea más difícil la contratación temporal en sectores como pesca o agroindustria, también han dificultado el uso de la intermediación laboral al considerar que sus trabajadores siempre tendrán que ser considerados estables y a pesar de que la ley no lo dice, han limitado el uso de la tercerización al señalar que no puede ser usada para el corebusiness del negocio.
Resulta necesario que todos los poderes del país entiendan la importancia de incorporar la figura de la ‘flexiseguridad’ laboral, la cual implica un piso mínimo de derechos que puedan ser respetados por todos y una labor mucho más
eficiente de fiscalización por parte del Estado. El próximo Gobierno y su Congreso deberán apostar por estos cambios, de lo contrario seguiremos como el cangrejo.