La prórroga se sustenta en que el proyecto continúa en ejecución y aún no obtiene el derecho de uso de agua.

Este es un pedido expreso de los beneficiarios del proyecto que son más de 15,000 agricultores ya que no quieren esperar que la siguiente administración se haga cargo del tema.

A través de un comunicado la OEI indica que esta medida se debe a las observaciones que realizó la Contraloría General.

La Contraloría determinó que no existe documentación que justifique la decisión de exigir ciertos requisitos técnicos mínimos relacionados con la experiencia de los postores y su capacidad financiera.