El estado acusa al banco de ignorar una ley estatal que requiere que los prestamistas realicen un “pedido de intervención judicial” al iniciar una acción de ejecución hipotecaria.

La Fiscalía del estado presentaría las acciones contra los dos bancos dentro de dos meses. Las entidades habrían violado un acuerdo que buscaba poner fin a los abusos en los cobros de hipotecas.