El monto corresponde a la indemnización por el incumplimiento del compromiso de la empresa de financiar y poner en marcha un proyecto para adecuarse a estándares ambientales.

Los representantes de la empresa Doe Run Peru (DRP) habían informado recientemente que las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya estaban paralizadas desde mayo pasado, por falta de provisión de concentrados.