El caso deriva de una denuncia del grupo de inversión brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos de transferencia de Neymar y que afirma que recibió menos dinero del que tenía derecho.

El grupo DIS, antiguo poseedor de parte de los derechos de Neymar, también pide cinco años por los mismos delitos para los padres del jugador, el actual presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, y su predecesor Sandro Rosell.