El número de conflictos sociales en Perú derivados, en su gran mayoría, de las actividades extractivas pasó del máximo de 210 registrados en 2014 a 177 en junio pasado, de acuerdo con el reporte del observatorio que cita datos la Defensoría del Pueblo.

Ocho ministerios deben afinar la implementación de normas para mejorar la evaluación de los proyectos, mientras que gobiernos regionales emiten certificación ambiental sin contar con competencias para ello.

Con ello tendrían participación directa de las ganancias de las compañías y se evitarían conflictos sociales, subraya el economista. Remarca que este mecanismo ya se aplica en otros países.

Resolución del caso Tía María será clave para evitar que aumenten las protestas en otros proyectos extractivos, subraya Macroconsult.

Durante un foro en Nueva York, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que hay una amplia diversidad social y política entre los pueblos indígenas, que suman unos 45 millones de habitantes.