Al haberse eliminado el Cargo de Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), pasó de ser un proyecto autofinanciado a uno cofinanciado, dijo Álvaro Quijandría.

El contrato GSP se anuló y el Estado cobró la fianza por incumplimiento del mismo, por lo que no hay ninguna legítima razón para aplazar la devolución del dinero a los consumidores.