Por un lado propone la seguridad social de los canillitas, o vendedores de periódicos; por otro, el proyecto de Becerril puede amenazar la libertad de prensa.

Constituye una barrera para la entrada de nuevos periódicos el hecho de que la red de distribución solo recaiga en el gremio de canillitas. Tiene “una fuerza monopólica”, según la consultora.