Cobro por asignación de espectro pone en riesgo universalización de Internet en América Latina
El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y la asociación de la industria móvil GSMA lanzaron el estudio “Consideraciones Clave en los concursos de espectro móvil”, desarrollado por la consultora independiente Ovum.
Por: Redacción Gestion.pe
Según el estudio de cet.la y GSMA, el espectro asignado a servicios móviles es el facilitador para el desarrollo de redes y servicios de banda ancha, piedra angular clave para el desarrollo económico, el bienestar y la reducción de la brecha digital de los países latinoamericanos.
En el reporte de Ovum se analiza cómo las decisiones regulatorias y cada uno de los elementos de política pública considerados al momento de diseñar un concurso de espectro para servicios móviles, impacta en el comportamiento de los inversionistas, la dinámica competitiva, el nivel de adopción del servicio y la asequibilidad, entre otros factores, lo que incide en el bienestar general de la población.
Entre los resultados principales, el estudio revela:
• Cada obligación adicional establecida en las condiciones del concurso, implica un mayor costo del servicio, lo que en general deriva en un aumento de precio a los consumidores: esto impacta en una menor adopción de la banda ancha y en la economía en su conjunto dificultando el cierre de la brecha digital y limitando el impacto socioeconómico derivado de universalizar los servicios.
• Licencias con duraciones menores de 20 años no permitirían recuperar la inversión requerida: afectando el despliegue de redes necesario para cerrar la brecha digital.
• La selección de la banda de frecuencia tiene un impacto clave en los costos de despliegue: las bandas bajas son esenciales para los objetivos de cobertura y la asequibilidad.
El análisis expuesto muestra cómo cada decisión del regulador en cuanto al diseño de un concurso de espectro tiene un impacto determinado y debe ser evaluado.
Todos los objetivos son deseables, pero el desafío que se plantea es alinear el proceso del concurso con los objetivos de política pública, utilizando las fuerzas de mercado a través de mecanismos transparentes.
Los objetivos de política pública debieran centrarse en torno a la universalización de los servicios, para lo cual es necesario promover las condiciones de entorno propicias para que las inversiones en despliegue de redes puedan llevarse adelante.
“Para hacer realidad la universalización de la banda ancha móvil para todos los latinoamericanos es necesario que los responsables de políticas públicas promuevan un marco regulatorio que incentive las inversiones y maximice el despliegue de redes”, afirmó el director de la GSMA para América Latina, Sebastián Cabello.
Por su parte, el director ejecutivo del cet.la, Pablo Bello, agregó que el valor social del espectro radioeléctrico no es cuánto el Estado recauda en una licitación, sino que es el impacto positivo de la conectividad en la generación de más oportunidades de progreso para todos, más acceso al conocimiento y la cultura, más desarrollo económico, mejores democracias.
Agregó que la política pública sobre asignación y uso del espectro debe privilegiar el cierre de la brecha digital y las inversiones en más cobertura e incorporación de las tecnologías más avanzadas, en un entorno competitivo, para que América Latina pueda avanzar más rápido hacia el desarrollo.
El trabajo de Ovum concluye que el espectro no es valioso por sí mismo, sino por su potencial de generar un alto impacto en la sociedad en su conjunto.
La GSMA representa los intereses de los operadores móviles en todo el mundo, uniendo cerca de 800 operadores con más de 250 compañías del ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos, compañías de software, proveedores de equipos y compañías de Internet, así como organizaciones en industrias adyacentes.
cet.la es una iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), que tiene por objetivo promover y apoyar la reflexión y el debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en la región, contribuyendo con elementos de análisis técnicos y económicos, a su diseño, ejecución y evaluación.