Se agudiza tensión política en Venezuela por impugnación de nueve diputados opositores
Los recursos fueron presentados pocos días después de que la saliente Asamblea Nacional, aún con mayoría chavista, designara a 13 nuevos magistrados titulares y 21 suplentes del TSJ, órgano que dirimirá las disputas que se avecinan en el Parlamento.
Por: Redacción Gestion.pe
(AFP) A menos de una semana de que la oposición tome el control del Parlamento en Venezuela, la impugnación de nueve diputados opositores electos por parte del oficialismo chavista atizó la tensión política, que anuncia un choque abierto de poderes en un país ya agobiado por la crisis económica.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió el lunes recursos contra ocho diputados y el martes contra otro, presentados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que amenaza la mayoría calificada que logró la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en comicios legislativos el 6 de diciembre.
La oposición recusó este miércoles a los magistrados encargados de decidir las impugnaciones argumentando que carecen de imparcialidad por considerarlos alineados con el oficialismo, según el abogado de la MUD, José Gregorio Torrealba, quien llegó al TSJ acompañado de los diputados afectados.
De aceptarse las impugnaciones, deben repetirse los comicios en las zonas donde fueron electos. Los recursos también incluyen medidas cautelares que, de ser acogidas, impedirían a los nueve diputados asumir sus cargos el 5 de enero cuando se instale el nuevo Parlamento, en el que por primera vez en 17 años de gobierno socialista los chavistas serán minoría (55 contra 112).
“El riesgo no es que la Sala Electoral anule las elecciones, pues en ese caso las elecciones se repiten. Y la nulidad puede que tarde un año. El riesgo es que pretenda impedir que los diputados ejerzan sus funciones a partir del próximo martes”, afirmó José Ignacio Hernández, académico de prestigiosas universidades venezolanas.
Los analistas advierten que un aumento de las tensiones llevaría a una crisis económica aún mayor que la del 2015, que cerrará con una inflación de 200%, la más alta del mundo según cálculos privados, una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de entre 6% y 10% estiman el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cepal, y una aguda escasez de productos básicos que provoca tediosas filas en los supermercados.
“En la medida en que el gobierno impida totalmente el trabajo de la Asamblea, aumentará lamentablemente la probabilidad de conflicto y radicalización”, opinó Luis Vicente León, de la firma Datanálisis.
Reacciones
La acción del oficialismo desató una ola de reacciones en la oposición. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, envió cartas a los representantes de la ONU, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los bloques regionales Mercado Común del Sur (Mercosur) y Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
“El país, la región y el mundo están ante un intento de golpe de Estado Judicial contra la decisión del pueblo venezolano expresada en las mesas de votación”, subrayó en la misiva, y agregó que el oficialismo está “poniendo a decidir a magistrados que son al mismo tiempo jueces y parte”.
Los recursos fueron presentados pocos días después de que la saliente Asamblea Nacional, aún con mayoría chavista, designara a 13 nuevos magistrados titulares y 21 suplentes del TSJ, órgano que dirimirá las disputas que se avecinan en el Parlamento.
“Venezuela no necesita más conflictos, ni choque entre poderes. Nuestros diputados no dejarán que otro poder obstaculice el mandato del pueblo”, afirmó el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles.
Sin mencionar las impugnaciones, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de “jugar sucio” y aseguró que son investigadas “irregularidades” en los pasados comicios, como la “compra de votos”.
Maduro, que atribuyó la derrota a la “guerra económica” que culpa a empresarios de derecha y que motivó un voto castigo de muchos chavistas, afirmó que no permitirá que la “contrarrevolución” destruya los programas sociales.
Como parte de un proceso de “renovación” del chavismo, anunció un congreso de movimientos sociales en enero para debatir medidas económicas y firmó un decreto ley que habilita al Consejo Popular de Estado, una iniciativa que se une al Parlamento Comunal, como forma de hacer contrapeso a una Asamblea dominada por la oposición.
“La base fundamental de la estrategia (oficial) estará en el TSJ, donde tiene más posibilidades de surfear. El Parlamento Comunal será más show”, estimó León, al señalar que esas dos acciones son parte de un “blindaje institucional”.
Mientras tanto, sube la temperatura en las calles de cara al 5 de enero. “Queremos responsabilizar al presidente, por lo que pueda desatarse en el país si siguen en su plan de desconocer la voluntad popular”, afirmó Simón Calzadilla, uno de los diputados impugnados.
La MUD invitó a sus seguidores a acompañarlos en la juramentación de los nuevos legisladores y a izar banderas venezolanas en las casas; mientras que el oficialismo llamó a una gran manifestación bajo el lema “Los de Chávez a la calle”.