PUCP: Entidades internacionales deben participar en la acreditación de las universidades

“Un buen sistema de acreditación no debería estar a cargo solo del Estado”, dijo su vicerrector académico, Efraín Gonzales de Olarte. La Superintendencia de la nueva Ley Universitaria debería supervisar a las acreditadoras nacionales.

Por: Karina Montoya G.

Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) reconoce que se necesita un ente regulador de la calidad de las universidades, pero advierte que mientras el Estado no pueda crear una buena acreditadora –como lo propone la nueva Ley Universitaria– se debe permitir que acreditadoras internacionales participen de este proceso.

“Inclusive las acreditadores nacionales que califiquen pueden estar ahí. Y esa superintendencia de la que habla la nueva ley debería supervisar a esas acreditadoras. A esa universidad acreditada, el Estado la debería apoyar. No importa que sea pública o privada. En el largo plazo, lo que importa es que se cree riqueza e ingresos”, apuntó el vicerrector.

Gonzales de Olarte considera que, dada la cantidad de universidades en el Perú (más de 100) de calidades muy heterogéneas, “hay que poner un orden”. Pero ordenar la casa no es lo único en lo que debería concentrarse una reforma universitaria, criticó.

“En esta nueva ley universitaria, creen que con poner una superintendencia y votaciones universales se van a resolver los problemas de la universidad, pero es algo mucho más complejo. Es un problema de gente y de calidad”, aseguró en exclusiva a Gestion.pe, antes de que el Congreso aprobara la creación de esta superintendencia.

Apuesta del Estado
El economista resaltó que una de las faltas más notorias de la nueva Ley Universitaria es que no se ve en la formación de buenos profesionales una fuente de riqueza e impuestos, que terminarán “devolviéndole” al país la inversión que hará en las universidades.

Y es que el rol del Estado no debería ser solo de supervisión de la educación universitaria, sino de participación directa. Un ejemplo de ello serían Ecuador, Brasil y Estados Unidos.

“En Ecuador no tienen nueva ley universitaria, pero al presidente de Ecuador se le ha ocurrido decir que todos los docentes universitarios deben tener doctorados. Y les va a paga, pero les ha dicho que tienen cuatro años para graduarse. Si en ese tiempo no lo logran, se van de la universidad. Eso ya un shock de capital humano”, señaló.

El caso de Brasil tiene que ver con el desarrollo industrial. “Los brasileros, que han descubierto petróleo en el mar, tienen exceso de dólares. Les puede dar la ‘enfermedad holandesa’ si meten toda esa plata en el sistema. Como es un país industrial, no le conviene. Así que han decidido enviar 100 mil brasileros en los próximos diez años a hacer doctorados. Y el Estado les va a financiar todo eso”.

Estados Unidos, por su parte, tiene una política en la que hace millonarias transferencias a universidades para realizar investigación ligada al desarrollo del país, algo posible a través de un tipo de fondo concursable que fomenta la competencia. “El Estado dice, vas a trabajar en tal proyecto. Te doy US$100 millones y tú puedes usar libremente US$ 50 millones”.

La autoridad de la PUCP propone, además, que se refuerce los filtros para crear nuevas universidades, de manera que la calidad de estas se acredite incluso antes de que comiencen a funcionar.

“No deben aparecer [universidades] como un negocio de restaurante o como la bodeguita de la esquina, en la que espero a ver qué cliente aparece, pongo tiza, saliva y gano plata. La universidad tiene otro rol”, finalizó.