Proponen prohibir el financiamiento de empresas privadas a partidos
El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, presentó un proyecto de ley que, según indica, busca evitar casos de conflicto de interés y corrupción.
Por: Redacción Gestion.pe
Un proyecto de ley presentado en el Congreso plantea prohibir a los partidos políticos recibir financiamiento de empresas privadas, con la finalidad de evitar posibles casos de corrupción y conflicto de intereses en las contrataciones del Estado.
El autor de la iniciativa, el legislador de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, explicó que ese conflicto de interés se produce cuando empresas que financiaron campañas electorales, posteriormente ganan contratos en entidades del Estado cuyos titulares recibieron donaciones cuando postularon a cargos de elección popular.
En ese marco, el proyecto indica que los partidos políticos no pueden recibir contribuciones de cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o persona jurídica de derecho privado con fines de lucro nacional o extranjera.
Tampoco pueden recibir donaciones de organizaciones religiosas ni de partidos políticos ni de agencias de gobiernos extranjeros, excepto cuando estén dirigidas a la formación, capacitación e investigación.
Asimismo, la propuesta señala que estarán impedidos de participar como postores, contratantes y contratistas en cualquier régimen legal de contratación, las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro nacional o extranjero que en los últimos cinco años hayan financiado con aportes o contribuciones en dinero o en especie a las organizaciones políticas.
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Violeta explicó que el objetivo de la iniciativa también es evitar la repetición en el futuro de casos de corrupción recientes como el de la empresa Odebrecht, investigada por pagar sobornos a funcionarios públicos para ganar licitaciones y contratos de obras públicas.
Según el parlamentario, la propuesta alcanza a los organismos electorales, a las organizaciones políticas de todos los niveles y a todas aquellas instituciones públicas y personas jurídicas de derecho público o privado vinculadas a los procesos de contratación de bienes y servicios con el Estado.
“Creemos que esta modificación a la ley es necesaria para evitar que empresas que contribuyen con las campañas electorales luego exijan la devolución de esos favores al Estado”, manifestó.