El presidente de Venezuela hace trizas la Constitución
“La propuesta de Maduro no solo fue abiertamente inconstitucional. Fue la propuesta más radicalizada en más de 17 años de chavismo”, dijo Diego Moya-Ocampos, analista jefe de riesgo político de IHS Markit.
Por: Redacción Gestion.pe
(Bloomberg) Una economía en ruinas, crímenes en las calles, celdas repletas de presos políticos y la peor crisis de refugiados de Sudamérica: cuesta encontrar una penuria que el mandatario venezolano Nicolás Maduro no haya impuesto a sus compatriotas en los cuatro años que lleva en la presidencia.
Sin embargo, al pedir una nueva constitución (Venezuela ya ha tenido 26), como hizo esta semana, el poderoso gobernante latinoamericano podría haber batido su propio récord.
El 1º de mayo, en momentos en que las calles de Caracas y otras grandes ciudades hervían de protestas contra el gobierno, Maduro anunció un plan de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Fue todo un hito autocrático hasta para un país que ha convertido el decreto económico y político en una ciencia.
En una misma maniobra, el gobernante venezolano propuso no sólo modificar las reglas, como ha hecho de forma reiterada desde que llegó al poder en 2013, sino desechar la constitución actual –que su predecesor, Hugo Chávez, conformó a la manera de caja de herramientas para tiranos– y seleccionar un equipo bolivariano para la redacción de otra constitución que se estima sería aún más autoritaria.
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Si la propuesta se impone, como lo han hecho virtualmente todos los decretos de Maduro, la nueva ley pondría fin a algo que atesoran los gobernantes autoritarios latinoamericanos contemporáneos: el hecho de que su palabra, independientemente de su arbitrariedad, aún esté anclada en el proceso democrático.
“La propuesta de Maduro no solo fue abiertamente inconstitucional. Fue la propuesta más radicalizada en más de 17 años de chavismo”, dijo Diego Moya-Ocampos, analista jefe de riesgo político de IHS Markit, una consultora empresarial con sede en Londres.
El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Aloysio Nunes, fue más allá y calificó la propuesta de Maduro de un “golpe”. “Maduro opta por radicalizarse”, me dijo Nunes en una entrevista.
“Esa propuesta es incompatible con el proceso democrático, le cierra la puerta al diálogo y es una cachetada al llamamiento del Papa de buscar una solución negociada”, agregó.
Lo que está igualmente claro es que la demostración de fuerza del gobernante venezolano fue un gesto de desesperación camuflado de fortaleza.
Desde que Chávez creó la llamada revolución bolivariana para el socialismo del siglo XXI, Venezuela ha quedado dividida en dos: la población pobre de las áreas rurales y urbanas que apuesta a una redención por la vía del “chavismo”, y la clase media y los intelectuales, que hacen frente a un abierto autoritarismo.
Después de cuatro años de autoinmolación, sin embargo, el gobierno de Maduro ha dilapidado hasta ese confiable capital favorable a las autoridades.
Venezuela tiene la inflación más alta del hemisferio y el porcentaje de homicidios más elevado de Sudamérica. Los controles de precios y la intervención del estado han vaciado los comercios, alentado el mercado negro y convertido en un diario tormento la búsqueda de los escasos alimentos y medicinas.
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Ahora hasta los chavistas recalcitrantes han cambiado de bando, como lo hizo la fiscal general Luisa Ortega Díaz en marzo al criticar la decisión de la Suprema Corte de usurpar las facultades de la legislatura.
Esos apóstatas contribuyeron a que el control de la Asamblea Nacional del país pasara a manos de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015.
Una encuesta de marzo indicó que ocho de cada 10 venezolanos desaprobaban el gobierno de Maduro, mientras que el 63 por ciento de los consultados dijo que quería su renuncia. Hasta los habitantes de los barrios pobres urbanos, un tradicional grupo demográfico bolivariano, se han sumado a las protestas.
Como era de esperar, Maduro ha contestado las críticas con golpes políticos, enfrentando todo avance de la oposición con órdenes judiciales, policía antimotines o los “colectivos”, como se llama a las bandas armadas de ciudadanos progubernamentales.
En momentos en que opositores al régimen encabezan las encuestas, la junta electoral nacional favorable al gobierno frustró un referéndum de revocación presidencial que impulsaba la oposición y suspendió en diciembre la elección de gobernadores y alcaldes, mientras que la Contraloría General prohibió al líder opositor Henrique Capriles, dos veces candidato a presidente, ocupar cargos electivos.
Tal ejercicio de la fuerza ha desencadenado una reacción internacional sin precedentes y generó comentarios del Papa Francisco, una amenaza de sanciones por parte del gobierno de Trump y una advertencia de los habitualmente indulgentes vecinos de Venezuela.
Diecinueve de los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos votaron a favor de discutir la crisis política venezolana, y 14 de ellos firmaron una declaración que instaba al gobierno de Maduro a respetar los derechos democráticos. ¿La respuesta de Maduro? Vexit: el anuncio formal de la intención del país de retirarse del cuerpo diplomático del hemisferio.
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A medida que Maduro se aísla, cuesta ver una salida. Por más débil que parezca, el gobierno no está solo. Los analistas sostienen que no habría doblado la apuesta sin apoyo de las fuerzas armadas venezolanas, cuyo alto mando está cerca del gobierno debido a la delegación de sectores clave de la economía nacional.
En ese sentido, Venezuela se acerca cada vez más al modelo cubano de un partido gobernante con apoyo militar.
“Los especialistas en ciencias políticas están habituados a buscar las grietas de la elite, pero hasta ahora no se ven”, me dijo Javier Corrales, un politólogo del Amherst College. “Mientas Maduro evite elecciones competitivas, ese grupo puede mantenerlo en el poder”.
No es un pacto a prueba de balas, y la persistente ola de protestas callejeras pondrá a prueba las convicciones de quienes respaldan a Maduro, sobre todo si los choques violentos y las víctimas siguen aumentando.
Una posible salida de la parálisis actual podría ser que los líderes opositores aseguren que la eventual caída de la coalición gobernante no significará su muerte política. “Sabemos por otros países que no hay democracia si los que salen del gobierno lo pierden todo”, dijo Corrales.
Sin duda la magnanimidad es más escasa que el papel higiénico en las calles de Venezuela en la actualidad, y no podría por sí sola convencer al régimen represivo de abandonar el poder.
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“Latinoamérica tiene mucha experiencia en la transición de una dictadura a la democracia, pero eso exige diálogo y reconocimiento recíproco de los rivales políticos”, me dijo Nunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. “En lugar de ello, Maduro ha optado por la revolución”.
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial ni la de Bloomberg LP y sus dueños.