New York Times: ¿Perú necesita una prisión especial sólo para expresidentes?

Sonia Goldenberg, columnista de The New York Times, brinda aquí un análisis de la situación de los ex mandatarios peruanos y cómo la corrupción ha afectado el progreso del país desde sus orígenes.

Por: Redacción Gestion.pe

Mientras Perú se prepara para el bicentenario de su independencia de España en 1821, en lugar de mirar hacia adelante con optimismo, el país contempla un sombrío panorama político: cuatro de sus ex presidentes están en la cárcel o son fugitivos de la justicia por crímenes contra los derechos humanos o corrupción. ¿Un récord mundial? Probablemente, pero no uno para celebrarlo.

En respuesta, en su mensaje anual a la nación a finales del mes pasado, el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, prometió una cruzada para reconstruir el país después de recientes inundaciones devastadoras y un enorme escándalo de corrupción, que en conjunto destruyeron las perspectivas de crecimiento económico y socavaron aún más la confianza de los peruanos en la propia presidencia.

Los cuatro presidentes han dejado huella en la historia y justicia del país.

En primer lugar, Alberto Fujimori, gobernante autocrático de Perú de 1990 a 2000, fue sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por violaciones de derechos humanos en la lucha contra Sendero Luminoso y posteriormente condenado por malversación y corrupción. Recientemente, Ollanta Humala, predecesor de Kuczynski, se unió a Fujimori en la prisión limeña de Barbadillo luego de que un juez ordenara que él y su esposa, Nadine Heredia, cumplieran 18 meses de detención preventiva mientras son investigados por cargos de conspiración y blanqueo de dinero. Humala también es acusado de ejecuciones extrajudiciales durante su periodo como capitán del ejército en una base remota de la selva en los años noventa.

Otro expresidente, Alejandro Toledo, que gobernó de 2001 a 2006 y restauró la democracia después de Fujimori, enfrenta una extradición al Perú, presumiblemente desde su casa en Palo Alto, California, donde alguna vez fue profesor invitado en la Universidad de Stanford. Toledo es acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos de la gigante brasileña de la construcción Odebrecht, que está en el centro del escándalo de corrupción que remece Brasil.

Y por último, en enero, un tribunal de Roma condenó a Francisco Morales Bermúdez, dictador militar peruano de 1975 a 1980, a cadena perpetua por su rol en la muerte de 23 personas con ciudadanía italiana que vivían en América Latina. Ellos murieron durante la Operación Cóndor, una campaña de terrorismo político llevada a cabo por las dictaduras de derecha en América del Sur con la asistencia técnica y militar de Estados Unidos. Morales, que no será encarcelado por su edad, es el único presidente condenado que no fue elegido.

Los peruanos están consternados por haber dado su voto a tantos presidentes que han terminado siendo procesados como criminales. El único ex mandatario vivo no incriminado hasta ahora es Alan García, que gobernó en dos mandatos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, e irónicamente tiene una legendaria reputación de corrupción que lo ha perseguido durante décadas. Pero también está siendo investigado por irregularidades financieras en la construcción del Metro de Lima por parte de, una vez más, el conglomerado brasileño Odebrecht.

Es la réplica de lo que está ocurriendo en Brasil, donde la investigación Lava Jato (Lavado de auto) no sólo ha mandado a la cárcel a numerosos empresarios y políticos, sino que también ha revelado el soborno generalizado de las constructoras brasileñas en al menos otros 12 países latinoamericanos.

En una región con una larga historia de corrupción e impunidad, Perú fue terreno fértil para pagos ilegales. Durante casi tres siglos de dominio colonial, el oro y la plata de los Andes fueron enviados a España. En 1821, en medio de una larga guerra que asoló el país y lo dejó en quiebra, se fundó una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero desde el principio, en la construcción de sus ferrocarriles y en la explotación de nuevas riquezas como el guano de la isla y el caucho de la selva, Perú vio su esplendor económico rápidamente desaparecer, despilfarrado en un pantano de corrupción.

La venalidad alcanzó nuevos niveles en los años 90 durante el mandato de Fujimori, cuando el infame jefe del servicio de inteligencia, Vladimiro Montesinos, sobornó a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas. Al grabar en video a todos los que estaban atrapados en su red, Montesinos dejó un legado visual de abuso de poder y engaño que ocurría a puertas cerradas. Montesinos ha sido encarcelado de por vida, pero la deshonestidad persiste. Más de la mitad de los gobernadores regionales de Perú están hoy en prisión o en juicio.

La falta de control de la ilegal financiación extranjera en las elecciones presidenciales, junto con la crisis en los partidos políticos, ha convertido las campañas en una sencilla manera de volverse rico para los novatos, incluso antes de llegar al poder. Los candidatos presidenciales en Perú han sido financiados por George Soros y por Venezuela, así como por Brasil, y la financiación brasileña estuvo vinculada a la asignación de enormes contratos de infraestructura pública a empresas de construcción brasileñas previamente seleccionadas a dedo. Con este sistema, no es de extrañar que los peruanos sigan eligiendo a ladrones como presidentes.

Perú no es más corrupto que otros estados latinoamericanos. Tampoco sus tribunales son un modelo de justicia y eficiencia. Pero en tanto surja abrumadora evidencia de sobornos a presidentes en todo el espectro político desde el exterior, los jueces peruanos están bajo una presión extrema para reaccionar. Como consecuencia, el desacreditado sistema de justicia del país está (para variar) ganando cierta credibilidad e independencia. Apena la semana pasada, un tribunal confirmó la decisión de que Humala y Heredia deberán permanecer en la cárcel. Sin embargo, la prisión de los poderosos jefes de Estado podría ser revertida, retrasada o detenida.

Un poder judicial débil no puede tener éxito por sí solo. Una firma campaña contra la corrupción requiere un fuerte liderazgo para cambiar el sistema electoral y construir instituciones estatales sólidas que hagan cumplir el estado de derecho. En su discurso ante el país, Kuczynski no ofreció una estrategia clara para afrontar este desafío, y dado que el partido de Keiko Fujimori, ex candidata presidencial e hija del dictador encarcelado, cuya campaña estaba plagada de acusaciones de dinero ilegal, tiene la mayoría en el Congreso, ese cambio tan necesario se verá estancado.

Incluso después de dos siglos, Perú sigue siendo una república frágil. Sin embargo, en los últimos 25 años, ha terminado con una guerra interna, ha resuelto conflictos con sus vecinos, superado la hiperinflación, se ha convertido en una democracia estable y, a pesar de su situación actual, ha logrado crecimiento económico y reducido la pobreza. Ahora, con los líderes políticos corruptos que ya no disfrutan de impunidad, quién sabe, quizás todos los presidentes del pasado se reúnan para ver los fuegos artificiales del bicentenario tras las rejas.