Hotel de Trump en Washington D.C. recibiría más reclamos legales
Anteriores conferencias costaron unos US$ 400,000, de los cuales aproximadamente un tercio quedó para el establecimiento donde se celebraron, según Howard Beasey, máximo ejecutivo del Consejo Estadounidense-Turco.
Por: Redacción Gestion.pe
(Bloomberg) El fallo de un organismo estadounidense que confirma el derecho del presidente Donald Trump a operar un hotel en un edificio de Washington alquilado al gobierno ha abierto otra posible batalla legal para determinar si el contrato le otorga beneficios que violan la Constitución.
Conforme a la llamada cláusula de emolumentos nacionales, está prohibido que el presidente reciba cualquier remuneración del gobiernos federal o los gobiernos estatales fuera de su salario de US$ 400,000.
Está siendo invocada por abogados y estudiosos del derecho que dicen que se violó la prohibición con el fallo emitido el 23 de marzo por la Administración de Servicios Generales que estableció que la Trump Organization puede conservar su contrato de alquiler de 60 años por el edificio Old Post Office de la avenida Pensilvania, transformado en el Trump International Hotel Washington, D.C. por medio de una remodelación de US$ 212 millones.
“Está recibiendo una importante inyección de valor de la Administración de Servicios Generales”, dijo Laurence Tribe, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Harvard que representa a una agrupación de control que demandó a Trump por recibir emolumentos extranjeros.
“Puede usar su hotel en el corazón de Washington como forma de atraer aún más emolumentos, tanto extranjeros como nacionales”.
Han pasado treinta años desde la última vez que esta cláusula concitó mucha atención. Cuando Ronald Reagan era presidente, un grupo que representaba a los contribuyentes, cuestionó su derecho a percibir su pensión de ex gobernador de California.
Hasta el mes pasado, la controversia por el hotel, que se inauguró en septiembre, se centró en la cláusula sobre emolumentos extranjeros de la Constitución que prohíbe que quienes ocupan cargos públicos acepten pagos de gobiernos extranjeros.
Algunos abogados ubican en esta categoría al dinero recibido de enviados extranjeros que sean clientes del hotel. Algunos han interpretado la decisión de la ASG como un beneficio que viola la cláusula, menos conocida, de los emolumentos nacionales que, según reconocen los expertos, rara vez, o nunca, ha sido puesta a prueba en los tribunales.
La Casa Blanca derivó las preguntas a la Trump Organization. Una portavoz de la Trump Organization, ahora administrada por los dos hijos mayores del presidente, no accedió a efectuar declaraciones fuera de un comunicado del 23 de marzo en el que se agradecía a la ASG por su “diligente revisión”.
Prueba turca
La negativa de Trump a deshacerse de unos US$3.000 millones de carteras de negocios desde que llegó a la presidencia ha creado un dilema ético que presidentes anteriores evitaron vendiendo activos o colocándolos en un fideicomiso ciego.
Trump ha dicho que no se quedará con su salario y que su compañía donará al Tesoro de los Estados Unidos toda ganancia que obtengan sus hoteles de gobiernos extranjeros.
Una conferencia que tendrá lugar en mayo en el hotel de Trump en Washington, planeada por agrupaciones de negocios que fomentan los lazos políticos y económicos entre Estados Unidos y Turquía, podría ser violatoria tanto de la cláusula constitucional de los emolumentos nacionales como de la de los emolumentos extranjeros, según Tribe.
La conferencia de tres días es una iniciativa conjunta del Consejo Estadounidense-Turco de Washington y el Consejo de Negocios Turquía-Estados Unidos de Estambul.
Anteriores conferencias costaron unos US$ 400,000, de los cuales aproximadamente un tercio quedó para el establecimiento donde se celebraron, según Howard Beasey, máximo ejecutivo del Consejo Estadounidense-Turco.
El hotel de Trump se eligió por su ubicación y porque el hotel que había utilizado el consejo en el pasado no estaba disponible, dijo Beasey, agregando que los patrocinadores y los miembros pagan sus gastos y no hay financiamiento del gobierno.
“Nos dio que pensar” después que Trump ganó la elección, pero la agrupación decidió seguir adelante y firmó un contrato a dos años con el hotel en enero, explicó Beasey. “Nos dio la mejor oportunidad en aquel momento y lugar y quisimos hacerlo”.