Estos son los nueve nominados de Donald Trump 'en la mira' de los senadores demócratas

Tillerson, que renunció al cargo de máximo ejecutivo de Exxon Mobil Corp. tras ser nominado, proviene de fuera del establishment de política exterior pero cuenta con el apoyo de algunas de sus principales figuras, entre ellos el ex Secretario de Defensa Robert Gates, que sugirió su nombre a Trump en noviembre. Los demócratas se concentrarán en sus lazos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y en si Tillerson puede priorizar los intereses de Estados Unidos tras 40 años de carrera concentrados en aumentar el valor para los accionistas de Exxon. Legisladores de ambos partidos quieren imponer nuevas sanciones a Rusia por sus hackeos relacionados con las elecciones, que según las agencias de inteligencia de Estados Unidos fueron ordenados por Putin. Tillerson se pronunció en contra de las sanciones. Los demócratas también planean cuestionarlo por los indicios de que él trataría de anular el acuerdo climático de París para limitar las emisiones de carbono. Tillerson habló en buenos términos del acuerdo y admitió que las emisiones tendrán un “impacto de calentamiento”, pero dijo que la pobreza es un problema más inmediato. También buscarán posibles conflictos en sus declaraciones financieras: Tillerson informó activos por hasta US$ 400 millones y dijo que recibirá un pago de US$ 180 millones en efectivo de Exxon.

El exsocio de Goldman Sachs Group Inc. se benefició con el colapso del mercado inmobiliario del 2007-2008 cuando él y un grupo de inversores compraron una entidad de préstamos hipotecarios en bancarrota que luego pasó a llamarse OneWest Bank. Se la acusó de prácticas injustas cuando Mnuchin era su máximo responsable, como antedatar documentos hipotecarios para acelerar las ejecuciones, manipular los resultados de subastas de casas y evitar a empresas en barrios de minorías. Los demócratas lo apodaron el “rey de las ejecuciones” en un sitio web creado por ellos para buscar ejemplos de las prácticas agresivas de OneWest. Un grupo de activistas políticos llamado Allied Progress está pasando anuncios televisivos dirigidos a los senadores republicanos en Arizona y Nevada, cuya población sufrió tasas elevadas de ejecuciones tras la crisis de las hipotecas subprime. Los anuncios instan a los senadores Jeff Flake, de Arizona, y Dean Heller, de Nevada, miembro del Comité de Finanzas a cargo de inspeccionar a Mnuchin, a votar contra su confirmación. Ambos irán por la reelección en el 2018.

Ross sería uno de los antiguos líderes empresariales más veteranos del equipo económico de Trump. Como inversor de capital privado, reestructuró empresas en varias industrias, como la del acero, la banca y la textil. Bloomberg tasa su fortuna en US$ 2,900 millones. Pero los antecedentes de Ross en el capital privado lo exponen a la misma línea de ataques enfrentada por Mitt Romney cuando se postuló a presidente en el 2012: que se trataba de un tiburón corporativo que compraba y vendía empresas para obtener ganancias y echaba empleados. El Center For American Progress, un centro de investigación de izquierda, dice que sus enormes tenencias empresariales representan un importante conflicto de intereses. Ross fue demandado por apropiarse injustamente de US$ 3.6 millones pertenecientes a un ex vicepresidente auxiliar de WL Ross & Co. En una demanda federal presentada el 30 de diciembre en Nueva York, Joseph Mullin afirma que su antiguo jefe se quedó con ganancias e intereses de fondos de capital privado que le pertenecían a él. En mayo, David Storper, miembro fundador de la empresa, demandó a Ross afirmando que le retuvo injustamente más de US$ 800,000.

Price, presidente del Comité Presupuestario de la Cámara de Diputados hasta que lo nominaron, enfrentará preguntas de los demócratas sobre sus operaciones con acciones de empresas de atención médica mientras trataba leyes que podrían afectar las acciones. El grupo de vigilancia Public Citizen afirma que él realizó 630 operaciones en cerca de 40 empresas desde el 2012 mientras dirigía el Comité Presupuestario y el panel de salud del Comité de Medios y Árbitros. Price es uno de los principales detractores de Obamacare y se le preguntará por su plan para abolirlo y sustituirlo. En mayo del 2015, hizo una propuesta concentrada en el otorgamiento de créditos fiscales para la compra de seguros, la expansión de las cuentas de ahorro para salud y la revisión de las leyes de mala praxis médica. Price también se opone al aborto y probablemente le pregunten por su promesa de recortar fondos federales para Planned Parenthood.

Mulvaney, escogido para guiar las propuestas presupuestarias de Trump por el proceso legislativo, fue electo diputado por Carolina del Sur como parte de la ola del Tea Party en el 2010. Es miembro fundador del ultraconservador House Freedom Caucus, que en el 2015 presionó para paralizar el Gobierno en vez de seguir financiando Planned Parenthood, lo que ayudó a precipitar la renuncia del expresidente de la Cámara, John Boehner. Los críticos dicen que la oposición de Mulvaney a elevar el límite de deuda sin incluir recortes de gastos expone al país a entrar en cesación de pagos de algunas de sus deudas y agitar los mercados. Además, Mulvaney votó contra un proyecto de ley de alivio de emergencia tras el huracán Sandy por insistir en que se compensen los US$ 50,700 millones por otros recortes de gastos, lo que le valió la ira de miembros de ambos partidos.

Puzder, máximo responsable de la empresa dueña de las cadenas de hamburgueserías Hardee’s y Carl’s Jr., se opone a la norma de la administración de Obama que expandiría el número de trabajadores elegibles para horas extras pagas y su propuesta de aumentar el salario mínimo a US$ 10.10. Se proyecta que los demócratas usen investigaciones sobre violaciones salariales en los restaurantes de Hardee’s y Carl’s Jr. y la disparidad salarial entre Puzder y sus empleados como emblemas de una presidencia de Trump que beneficiará a las elites ricas pese a su mensaje populista.

Pruitt, fiscal general de Oklahoma desde el 2010, es un férreo aliado de la industria petrolera y el principal enemigo de la agenda climática de la administración de Obama. Él se sumó a otros 26 fiscales generales en una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para bloquear el Plan de Electricidad Limpia, al que describió como una afrenta a los derechos de los estados. Pruitt también ayudó a conseguir una orden judicial para bloquear una norma de la EPA que expande las atribuciones de la Ley de Agua Limpia y criticó los mandatos de biocombustible del país. Para él, la política actual es “inviable”. Se espera que los demócratas investiguen los lazos de Pruitt a la industria de petróleo y gas. En el 2014, el New York Times informó que lobistas del sector de energía habían redactado cartas para que Pruitt enviase a la EPA y otras agencias en las que se cuestionan normas ambientales que podrían afectar la industria.

Sessions y Schumer hacen bicicleta juntos en el gimnasio del Senado. Sería excepcionalmente raro que un senador en funciones no resulte confirmado, pese a que en los ochenta se rechazó a Sessions para un puesto de juez por comentarios racistas. Además de tener que responder por esos comentarios, pronunciados hace décadas, el senador que lleva cuatro mandatos recibirá preguntas sobre su oposición a conceder status legal a inmigrantes indocumentados, especialmente los que fueron traídos a Estados Unidos de niños y recibieron permiso para trabajar del presidente Barack Obama. Se puede esperar que lo critiquen duramente por la Ley de Derechos de Voto, de la cual la Corte Suprema invalidó una parte fundamental por considerarla obsoleta; el Congreso no actualizó esa sección. También fue criticado por algunos defensores de la marihuana preocupados porque haga cumplir la prohibición federal en los estados que legalizaron la droga.

Multimillonaria y donante de los republicanos, DeVos lleva más de dos décadas promoviendo la expansión de escuelas particulares subvencionadas y vales escolares financiados por los contribuyentes. En Michigan, su estado natal, ayudó a guiar un sector de escuelas particulares subvencionadas criticado por su falta de calidad y de supervisión adecuada. Se anticipa que le pregunten por US$ 5.3 millones en multas y penalizaciones impagas impuestas por funcionarios de Ohio porque en el 2008 su All Children Matter Political Action Committee violó las normas sobre financiamiento de campañas. Senadores demócratas, entre ellos Sherrod Brown, de Ohio, y Tom Udall, de Nuevo México, le exigieron que pague la multa. Su confirmación cuenta con la oposición de la American Federation of Teachers y la National Education Association.