Empresarios saludan ‘muerte civil’ para corruptos, pero piden mejorar propuesta
Inhabilitación para públicos y privados, duplicar condenas y sanciones para personas naturales, son algunas de las sugerencias.
Por: Redacción Gestion.pe
Mario Mongilardi
Presidente de la CCL
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) saludó el anuncio del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre la sanción de “muerte civil” para funcionarios que cometan actos de corrupción, sugiriendo que incluya también al sector privado.
Una persona inhabilitada que dejó de ser funcionario público con el Estado, tampoco puede ser representante de una empresa o presentarse en una licitación.
Por ello, la CCL propondrá dos modificaciones legales: la primera es que, tanto al funcionario público como al ejecutivo de la empresa, se les inhabilite para contratar con el Estado; y, en segundo lugar, que la sentencia se duplique, ya que al cumplir cárcel efectiva no se puede contratar con el Estado.
El Gobierno debe buscar que las personas jurídicas tengan sanción penal no solo por delitos de corrupción, sino también por lavado de activos, entre otros.
Por último, la CCL busca participar en la Comisión Presidencial de Integridad, que ahora excluye a los partidos políticos y los representantes del sector empresarial.
José Luis Noriega
Presidente de Comex
Desde la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) apoyamos las medidas de lucha contra la corrupción, que impide el desarrollo del país, pero sobre la incorporación de la responsabilidad penal en el sector privado ya existe una regulación que establece una sanción.
Estamos de acuerdo en que el sector privado tampoco debe participar en estos actos delictivos, y las empresas deben tener muy claras sus políticas internas de trabajo o ‘compliance’.
Asimismo, las personas particulares que cometan actos de corrupción también deben ser sancionadas, porque pueden formar otras empresas para seguir cometiendo delitos si solo se sanciona a la empresa.
Sin embargo, es preciso conocer cuáles serán las sanciones para las personas jurídicas y las personas directamente involucradas, ya que, por ejemplo, plantear una inhabilitación para contratar con el Estado para una empresa o una persona debe guardar relación con el delito cometido, y no siempre tiene que ser una inhabilitación permanente.
Carlos Gálvez
Presidente de la SNMPE
En la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estamos de acuerdo con la norma, pero consideramos que ya hay leyes que regulan el tema.
Quienes dirigimos compañías que listan en el exterior no solo estamos sujetos a ser identificados cometiendo una falta para recibir una sanción, sino que tenemos que reportar el cumplimiento de todas nuestras normas y asegurar un desempeño adecuado.
Basta con el hecho de que hagamos alguna declaración falsa sobre temas relativos a nuestras empresas para que sea considerado una falta digna de una sanción internacional. Esta es una norma que se puede aplicar a todos los actores del mercado, yo declaro que cumplo, si identifican que no cumplo seré sancionado.
La iniciativa del Ejecutivo me parece buena, pero tiene que ser aplicada para todos por igual, al empresario grande, al chico, al mediano, la ley se tiene que aplicar con los mismos criterios.
Y no se trata de un tema solo de corrupción. Por ejemplo, no se está aplicando la ley en la toma de carreteras que se viene dando en cierto sector del país, pero todos tenemos que ser considerados y tratados igual.
Sin embargo, hay que resaltar que la iniciativa del Ejecutivo es aún muy básica, todavía se le tiene que agregar muchos aspectos, pero el criterio general de lucha contra la corrupción es un buen comienzo.
Juan Varillas
Presidente de Adex
Las intenciones del actual Gobierno con relación a este tema, son bienvenidas por el sector empresarial y exportador.
Sin embargo, consideramos en la Asociación de Exportadores (ADEX) que el futuro de esta norma, su funcionamiento y resultado dependerán mucho de los órganos que la acompañen en ese proceso.
Un país como el Perú necesita de una solución inmediata para el problema de corrupción que vivimos, que sea extensiva para ambos lados, el del corruptor y el del que corrompe. Si no, nunca se podrá dar un paso hacia la modernidad.
Este es un tema un poco político, pero el sector privado tiene que ser incluido en esa idea. Concuerdo con el espíritu de la norma, pero hay que encontrar los mecanismos legales que permitan que su aplicación tenga el éxito esperado.