Empresarios podrían ir a la cárcel por actos de corrupción con el Estado

El coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, José Ávila, afirmó que actualmente solo existen sanciones para los funcionarios públicos y no para los empresarios.

Por: Javier Prialé

En los actos de corrupción en el Estado en el que participan las empresas privadas, los directivos de estas entidades no pueden ser sancionados y solo los funcionarios públicos asumen la responsabilidad.

“En el caso de las empresas privadas hay algunas sanciones que tiene el Código Penal de consecuencias accesorias de la empresa, pero no para personas”, explica el coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), José Ávila.

Según Ávila, el soborno es la práctica más usual de corrupción en la que incurren las empresas privadas y sus directivos o representantes, casi siempre porque pagan ilegalmente a funcionarios públicos para ganar una licitación o algún contrato con el Estado.

Esta situación hizo que el Gobierno envíe un proyecto normativo al Congreso de la República, en el cual se plantea que los empresarios también puedan ir a la cárcel en caso incurran en actos de corrupción con el Estado.

El funcionario explicó que para las sanciones para las empresas como personas jurídicas están establecidas en la disolución de la empresa, intervención, suspensión de sus actividades,además de castigos de tipo económico que pueden ser multas en proporción al daño o monto del ilícito que se dio por la corrupción.

“El funcionario público tiene toda una figura especial, pero las empresas privadas también tienen responsabilidades, sea para los directivos de esa empresa o si esos directivos han actuado en nombre de la empresa”, refirió.

Ávila afirmó que existen grandes empresas que tienen instalado un programa de prevención del delito y una de estas incurre en algún ilícito, pueden ser pasibles de exención de pena.

Respuesta a Confiep
Frente a las cuestionamientos de la Confiep sobre la posibilidad de que los empresarios vayan a la cárcel por corrupción, José Ávila señaló que estos se refieren a la acción del Poder Judicial por su falta de especialización y que no estaría en la capacidad de llevar este tipo de casos.

“Creemos que el Poder Judicial tendría que generar una especialidad para que cuando se tenga que sancionar a una empresa privada, tengamos que contar con jueces muy capacitados, muy conocedores del derecho penal económico y empresarial. Con ello se lograría una mayor institucionalidad”, dijo.