Ecuatorianos se debaten entre continuidad o cambio en comicios presidenciales
Los últimos sondeos dan ventaja al candidato oficialista y ex vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, pero que no le alcanzaría para ganar la presidencia en primera vuelta ante sus más cercanos rivales, los opositores Guillermo Lasso y Cynthia Viteri.
Por: Redacción Gestion.pe
Los ecuatorianos salieron a votar el domingo en unas elecciones presidenciales que permitirían ratificar o rechazar el modelo socialista instaurado por el mandatario saliente, Rafael Correa, que, tras una década, deja un país menos empobrecido, pero se va salpicado por denuncias de corrupción y una tambaleante economía.
Los últimos sondeos dan ventaja al candidato oficialista y ex vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, pero que no le alcanzaría para ganar la presidencia en primera vuelta ante sus más cercanos rivales, los opositores Guillermo Lasso y Cynthia Viteri.
Cada candidato representa a un modelo diferente de gestión para los próximos cuatro años, en medio de un alto número de indecisos entre la continuidad del modelo socialista o un cambio de timón que apunta a una economía abierta al mercado.
Si ninguno de los candidatos logra la mayoría absoluta de los votos válidos o, al menos, el 40 por ciento con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su rival más cercano, se celebrará una segunda vuelta el 2 de abril.
El ganador enfrentará, a partir del 24 de mayo cuando tome posesión, un camino difícil para crear fuentes de trabajo, afrontar un abultado endeudamiento y sostener millonarios planes sociales acumulados en una década de modelo socialista.
El candidato del Gobierno, un administrador de 63 años que sufre paraplejia, llega a los comicios con ventaja sobre Lasso, un conservador de 61 años, que ha compartido votos con Viteri, ex diputada, periodista y férrea crítica de Correa.
Moreno, un motivador de hablar pausado, ha convencido a sus seguidores con la promesa de continuar el proyecto político de Correa centrado en programas sociales, participación activa del Estado en la economía y una mejor distribución de la riqueza.
“Ahora es momento de construir un futuro más luminoso, porque eso es una revolución: continuar, jamás retroceder”, dijo Moreno recientemente en un mitin de campaña en Quito.
¿El cambio?
Lasso, un defensor del libre mercado que ocupa el segundo lugar según sondeos, ha llamado a la unidad de la oposición para hacerle frente al oficialismo en un eventual balotaje.
Lasso y Viteri encarnan el descontento de una parte de ecuatorianos con las políticas socialistas de Correa y su estilo confrontacional, así como el manejo de la economía dolarizada fuertemente golpeada por la caída de los precios del crudo.
“Como dice el eslogan, vamos por el cambio: hemos vivido 10 años de desgracia, 10 años de robo, corrupción, de falsa honestidad. Con Lasso va a cambiar la situación”, dijo Ángel Mendoza, un arquitecto de 45 años en la ciudad de Guayaquil.
Ambos candidatos opositores, por separado, han centrado su oferta electoral en la creación de empleos, reducción de impuestos, mayor inversión extranjera y la convocatoria a una consulta popular para reformar la Constitución del 2008.
El resto de los cinco candidatos, entre los que figura Abdalá Bucaram, ex futbolista e hijo del ex presidente homónimo, tienen menos del ocho por ciento de las preferencias.
Los escándalos que salpican a funcionarios cercanos a Correa, tanto en la estatal Petroecuador como en una red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, han llevado a que los candidatos, incluyendo a Moreno, anuncien comisiones especializadas para el combate de la corrupción.
Los centros de votación abrieron a las 07.00 hora local (1200 GMT) y cerrarán 10 horas después. Unos 12,8 millones de los 16,5 millones de ecuatorianos están habilitados para votar.
Además, se elegirán a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, en la que ningún candidato lograría la mayoría, lo que dificultaría el accionar del próximo mandatario.
En los mismos comicios se consultará a los electores sobre una prohibición para que funcionarios públicos tengan cuentas o bienes en paraísos fiscales.