La Cámara Baja de Estados Unidos vota esta semana una propuesta para financiar el muro
Los republicanos norteamericanos han incluido la propuesta del muro dentro del presupuesto para el Departamento de Defensa con el objetivo de obligar a los demócratas a votar a favor del muro.
Por: Redacción Gestion.pe
EFE.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para votar esta semana sobre un plan presupuestario para el año fiscal 2018, que incluye los US$ 1,600 millones que solicitó la Casa Blanca para empezar a construir un muro entre Estados Unidos y México.
Los republicanos han incluido la propuesta del muro dentro del presupuesto para el Departamento de Defensa con el objetivo de obligar a los demócratas a votar a favor del muro, una de las propuestas estrella del presidente, Donald Trump, y que ha cosechado la oposición frontal del Partido Demócrata.
El congresista demócrata por el estado fronterizo de Arizona Rubén Gallego acusó hoy al liderazgo republicano del Congreso de hacer “el trabajo sucio” de Trump.
En una conferencia de prensa telefónica, Gallego reconoció que los demócratas se encuentran en una situación “difícil” porque si votan en contra de la propuesta para financiar el Departamento de Defensa dejarán a las tropas sin salarios, sin tanques y sin provisiones alimenticias o médicas.
“No debemos permitir que roben a nuestras tropas para satisfacer el frágil ego de Trump”, consideró Gallego, quien luchó en la guerra de Irak y quien, tras perder a su mejor amigo en combate, decidió iniciar su carrera política, primero a nivel local en Arizona y luego en 2014 en la Cámara de Representantes.
El dinero para el muro se incluye en una proyecto legislativo que incluye el presupuesto para 2018 (del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018) de los Departamentos de Defensa, Veteranos, Energía y también para la rama legislativa.
El Congreso, que aún no ha fijado la fecha de la votación, necesita aprobar un presupuesto para financiar el Gobierno antes del final de septiembre y, si no lo logra, se produciría un cierre de la Administración, como ocurrió en 2013.