Editorial de Gestión: Jóvenes promesas
Cada vez está más cerca el régimen laboral especial para jóvenes que estaría vigente por cinco años.
Por: Redacción Gestion.pe
RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL. La próxima semana, la Comisión de Trabajo del Congreso deberá discutir una de las propuestas más interesantes del cuarto paquete de medidas diseñadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos referimos al proyecto de ley que propone la creación del régimen laboral especial para jóvenes entre 18 y 24 años.
El nuevo régimen, que tendría una vigencia temporal de cinco años, evita una serie de beneficios que los empleadores están obligados a costear para sus trabajadores: CTS, gratificaciones, utilidades, asignación familiar y seguro de vida, entre otros. Asimismo, el Estado se compromete a asumir el seguro social de los jóvenes en las pequeñas y microempresas durante su primer año, al igual que el costo de su capacitación por hasta el 2% de sus ingresos.
En primer lugar, es importante resaltar que el Gobierno haya reconocido que el actual régimen laboral puede ser un impedimento para la inversión privada, el empleo formal y, finalmente, el crecimiento del país. En segundo lugar, es interesante que se haya escogido a un grupo demográfico menos vulnerable (los jóvenes tienen menos responsabilidades y costos que los mayores) y con un índice mayor de desempleo para implementar este “experimento”.
Como hemos venido postulando insistentemente, nuestro régimen laboral es tan estricto y costoso –uno de los más rígidos de América Latina- que se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la inversión privada. Sin embargo, a nuestro parecer, los componentes más problemáticos están relacionados a las dificultades para despedir personal. Esto es crucial para las empresas, pues no les permite acomodarse a los ciclos económicos con facilidad y las obliga a cargar con un costo hundido que las hace menos competitivas. En estas circunstancias, las compañías hacen lo posible por postergar sus decisiones de contratación o simplemente optan por la informalidad.
Por eso, la legislación labora y el Gobierno –en particular el Ministerio de Trabajo- deben asumir una postura más permisiva con los despidos justificados. El Gobierno ha dado una pequeña muestra de haber entendido, por lo menos parte de, el problema. Veremos si el Congreso está en sintonía.