Editorial: La seguridad apremia

Es necesario plantear una propuesta integral a un problema cuya solución es de largo plazo.

El ministro del Interior, Luis Pérez Guadalupe denunció que el 95% de detenidos por la Dirincri fueron liberados.

Por: Redacción Gestion.pe

URGEN SOLUCIONES. A punto de cumplir una semana en el cargo el nuevo premier no se ha pronunciado aún sobre el tema de la seguridad ciudadana, a pesar de que esta es la principal preocupación de las personas, pues según las encuestas de Pulso Perú, el 82% de la población se siente insegura (cifra que desde el año 2012, se mantiene por encima del 80%).

Las cifras son aún más alarmantes, pues el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, acaba de denunciar que el 95% de los detenidos en Lima entre enero y febrero por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), es decir, 950 personas, no fueron procesados judicialmente y fueron dejados en libertad pese a las evidencias entregadas al sistema judicial.

¿Qué está fallando? El problema no es nuevo, pero hasta el momento no se ve un trabajo coordinado para buscar una solución.

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal supone que una reducción en los plazos, juicios más rápidos, un resarcimiento del daño a la víctima y una sanción inmediata para el responsable; sin embargo, su implementación se inició en el año 2009 y aún no se aplica en todo el país.
Desde diferentes sectores se han propuesto o iniciado soluciones parche (cadena perpetua, pena de muerte, cámaras de vigilancia, serenazgo, etc. ) que atacan una pequeña arista del problema, pero que no logran resultados, como lo indica el propio Pérez Guadalupe, porque siempre dejan un espacio sin atacar.

Es necesario plantear una propuesta integral a un problema cuya solución es de largo plazo. Este trabajo que debe impulsar el Ejecutivo, debe incluir al Legislativo, pues será necesario revisar el Código Penal, al Poder Judicial y el Ministerio Público, para tratar de acelerar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal y revisar el accionar de jueces y fiscales.

Pero sobre todo debe ser uno de los primeros puntos en la agenda de los candidatos presidenciales, la inseguridad afecta tanto a los ciudadanos de a pie como a los empresarios, por lo que resulta vital saber cómo piensan atacar el problema aquellos que quieren gobernarnos.