Editorial: Para que no vuelva a pasar
Editorial de Gestión. Es indispensable establecer un procedimiento de sanciones y medidas correctivas frente al incumplimiento de los códigos de ética de las empresas y que esta decisión no quede en manos solo de los miembros del gremio, sino que se opte por la participación de personas independientes.
Por: Redacción Gestion.pe
ÉTICA EMPRESARIAL. Tras la década del noventa, el caso Lava Jato termina por revelar lo poco que como país hemos aprendido en lo que a lucha contra la corrupción se debe. Más allá de las sanciones que deberán dictarse contra todos los involucrados, es necesario reflexionar sobre los mecanismos y acciones para evitar que la corrupción se despliegue con facilidad en el ámbito público y privado.
El Ejecutivo ha dictado algunas medidas en ese sentido que incluyen la sanción penal a las empresas que participen en actos de corrupción y la obligación de que las mismas cuenten con modelos de prevención de actos delictivos si desean atenuar su responsabilidad. Si bien la norma entrará en vigencia recién en el 2018, se espera que las compañías tomen en serio su compromiso tanto a nivel individual como gremial.
En este punto es importante que el sector empresarial dé un paso al frente. Tres son los gremios que deberían tener un papel más activo en este momento: la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Por ejemplo, en el 2009, el entonces presidente de Confiep, Ricardo Briceño, se puso como meta que todos los gremios asociados contaran con normas que les permitieran “luchar contra la corrupción y tener un código de conducta que vaya más allá de la ética y la moral”. “El empresario debe actuar de acuerdo con estándares superiores a los de cualquier persona en la sociedad”, decía Briceño en ese momento. Y si bien en el 2010, efectivamente, los gremios empresariales creyeron dar un gran paso al instaurar sus códigos de ética o de conducta, la realidad ha confirmado que solo han sido un conjunto de buenas intenciones sin aplicarse oportunamente. El sucesor de Briceño, Humberto Speziani, trató de establecer un sistema de sanciones al incumplimiento, pero no contó con el suficiente apoyo.
Los gremios hasta este momento han preferido muchas veces mirar al costado. Antes de Odebrecht, otras empresas han demostrado una falta de comportamiento ético y en algunos casos han sido sancionadas por haber violado la ley (como los casos de concertación de precios en diversos sectores o defraudación tributaria, entre otros) sin que los gremios a los que pertenecen las hayan expulsado o siquiera se pronunciaran al respecto. La lucha contra la corrupción implica no dudar ni usar eufemismos al momento de sancionar, pero sobre todo no tardar en aplicar medidas correctivas.
Pero nunca es tarde, y hoy es el mejor momento para que las empresas y sobre todo los gremios como Confiep, CCL y la SNI, que las agrupan, muestren que existe un real compromiso anticorrupción. Así como ahora han aceptado la ampliación de las sanciones a las empresas por corrupción (a pesar de que en el 2015 la Confiep se manifestó en contra de la aprobación de una norma similar), a nivel interno el primer paso tendría que ser estandarizar el contenido de los códigos de ética. Si bien la mayoría de ellos establece como uno de sus preceptos “cumplir la ley”, no todos establecen “decir la verdad”, actuar por “el bien común” y mucho menos “cuidar el medio ambiente” o “tener buen gobierno corporativo”.
Sin embargo, es indispensable dar un paso más y establecer un procedimiento de sanciones y medidas correctivas frente al incumplimiento de estos códigos y que esta decisión no quede en manos solo de los miembros del gremio, sino que se opte por la participación de personas independientes. Es decir, que quienes evalúen el cumplimiento del código de ética y establezcan una sanción sean terceros independientes, tal como sucede en otros países.
Además, deberá establecerse un mecanismo para que la sanción no sea únicamente la expulsión, sino que, en determinados casos, las empresas responsables puedan resarcir su falta, al margen de la pena que pueda ser impuesta.
Y si los gremios realmente quieren demostrar que el código de ética es su promesa de valor a la sociedad, deberían permitir que las denuncias contra sus asociados por incumplimientos sean presentadas no solo por sus pares, sino también por cualquier persona interesada, como sucede actualmente en Apeseg y la Sociedad de Radio y Televisión.
La corrupción es un mal que atraviesa toda la estructura social, por lo que corresponde a todos hacer los mayores esfuerzos para tratar de frenar su avance, tanto a nivel micro como a nivel macro y evitar que casos como el de Odebrecht vuelvan a pasar. El compromiso es de todos.