Editorial: Necesaria investigación
“Se debe evitar que la reputación de gobernantes se limpie solo con la prescripción de los delitos, como ha sucedido en el pasado”.
Por: Redacción Gestion.pe
Lava Jato. Hace seis meses, advertimos que la investigación sobre corrupción en Brasil y su relación con el Perú debían resolverse antes de las elecciones, y si bien en el Perú las investigaciones son lentas, no sucede lo mismo en Brasil.
Así lo muestra la reciente información dada a conocer por la Policía Federal brasileña respecto a que el presidente Ollanta Humala habría recibido coima de la empresa Odebrecht, la cual ha sido desmentida tanto por el mandatario como por la empresa. Aunque las investigaciones continuarán.
Se trata, desde todo punto de vista, de una mala noticia, que no solo pone en entredicho las inversiones extranjeras realizadas en el país afectando nuestra reputación , sino también menoscaba nuestra imagen como democracia y pone en duda la confianza que se debe tener en los organismos como la Contraloría , la OSCE y el Poder Judicial.
La lucha contra la corrupción es un punto vital en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que ha iniciado el Perú y para el cual incluso se ha elaborado un proyecto que busca regular la responsabilidad de las personas jurídicas en delitos de corrupción.
Que exista una investigación sobre el mandatario afecta la institucionalidad del país y, lamentablemente, ya se ha pasado por una situación similar durante el primer gobierno de Alan García, cuando se descubrió el pago de coimas realizado por el banco BCCI, a altos funcionarios para conseguir que se le depositaran las reservas internacionales peruanas.
El actual escenario político no es beneficioso para el trabajo de la comisión especial instalada en el Congreso ni para el Poder Judicial , pues la tentación de los actores políticos de utilizar esta denuncia contra el Gobierno estará a la orden del día.
Sin embargo, ambas instancias, deberán redoblar esfuerzos para lograr hallar indicios sin politizar el tema y explicarle al país qué fue lo que realmente ocurrió, tanto en el actual Gobierno como en los anteriores, evitando que queden sospechas en el aire o que la reputación de funcionarios y gobernantes se limpie solo con la prescripción de los delitos, como ha sucedido en el pasado.