Editorial: Marchas y contramarchas

Editorial de Gestión. “Un contrato con observaciones, una mala negociación de la adenda y un gobierno dubitativo”.

Por: Redacción Gestion.pe

CASO CHINCHERO. Quién revise cronológicamente lo ocurrido con la concesión del aeropuerto de Chinchero en Cusco, se dará cuenta de que el Gobierno ha tenido marchas y contramarchas que no le hacen ningún bien a un proyecto de tal envergadura.

El consorcio Kuntur Wasi ganó la concesión en julio del 2014, firmó el 25 de abril de ese año, pero hasta setiembre del 2016 no se dieron avances. La decisión de destrabar los grandes proyectos de inversión se dio a inicios del gobierno de Kuczynski. En diciembre pasado el ministro Alfredo Thorne anunció que el consorcio Kuntur Wasi ya no pediría financiamiento, sino que el Estado iría pagando los gastos de la obra conforme su avance, lo cual implicaba una alteración a la APP firmada. Si bien se anunció que la adenda se firmaría el 31 de enero, el ministro Vizcarra postergó la fecha por todas las críticas recibidas y por una carta de la comisión Lava Jato del Congreso.

Finalmente, el Gobierno siguiendo su estrategia de idas y venidas, firmó la adenda el 4 de febrero con la opinión en contra de la presidenta de Ositran (que renunció) y con la posterior declaración del contralor respecto a que no debió firmarse, pues se hallaron riesgos en los documentos revisados.

Si bien la Contraloría está realizando una auditoría de cumplimiento, al parecer el ministro Vizcarra decidió curarse en salud y el domingo anunció que no harían ningún desembolso de dinero hasta tener el visto bueno de la Contraloría, pero ayer dio un paso más allá y envió una solicitud al consorcio para suspender el contrato y la adenda hasta que culmine la auditoría, ello a pesar de que en el Ejecutivo más de una voz consideraba que no debería darse marcha atrás.

¿Por qué el Gobierno duda tanto? En el caso específico de este proyecto, ya el Congreso había manifestado la intención no solo de hacer una investigación sino de interpelar al ministro y vicepresidente Martín Vizcarra, además el contralor anunció que entre las sugerencias que podría contener su informe final estaría la anulación del contrato.

Sin duda lo que mal empieza, mal acaba. Este es un contrato con observaciones desde antes de su firma, una mala negociación de la adenda y un gobierno dubitativo —sobre todo un ministro y primer vicepresidente temeroso de las decisiones que adopta—. Allí tenemos una de las razones por las que la popularidad del presidente­ sigue cayendo.