Editorial: Lava Jato: más que un tema político
Lamentablemente, muchas veces la palabras agilizar trámites significa dar dádivas o admitir corruptelas.
Por: Redacción Gestion.pe
Corrupción. El caso Lava Jato surgió en marzo del 2014 cuando se investigaba a pequeñas empresas de lavado de autos por un tema de lavado de activos. Pero rápidamente escaló pues se encontraron indicios de una red de empresas constructoras brasileñas que se coludían para ganar licitaciones de Petrobras por montos muy superiores a los del mercado, pagando para ello sobornos a diferentes funcionarios.
Hoy, Lava Jato es el proceso de corrupción más importante en la historia de Brasil y podría convertirse en el más grande de América Latina pues al parecer involucraría a diferentes países como Perú, Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros más.
El nombre de nuestro país salió a la luz cuando los colaboradores eficaces de Brasil señalaron que un grupo de personas habría traído dinero al Perú para el pago de supuestos sobornos por la obtención de licitaciones para la construcción de obras de gran envergadura.
En Brasil se han generado 28 acusaciones criminales contra 128 personas y hay 16 empresas involucradas. En el Perú recién se está iniciando una investigación formal por parte de la Fiscalía, en coordinación con la Contraloría. El Congreso espera poder conformar una comisión investigadora y desde la sociedad civil, Transparencia Internacional iniciará una investigación a nivel regional.
Lava Jato tiene un componente político pues implica a varios países y sus gobiernos; además, los indicios de las investigaciones periodísticas, no oficiales, involucrarían tanto a funcionarios públicos como a algunos mandatarios.
Pero no solo es un tema político. Implica la malversación de fondos del Estado. Se habrían inflado presupuestos a favor de empresas privadas con beneficios económicos para ciertos funcionarios y en perjuicio de todos los ciudadanos del país. De comprobarse los indicios significaría que cada peruano ha sido robado.
La corrupción es un lastre que impide avanzar en la construcción de la institucionalidad del país y por eso es importante acabar con ella. Asimismo, nos muestra la necesidad de cambiar los procesos en la administración del Estado, donde muchas veces la palabra agilizar trámites significa dar dádivas o admitir corruptelas.
Esta investigación debe terminar antes de las próximas elecciones, pues será indispensable conocer qué actitudes tomarán las agrupaciones políticas luego de que se determinen las responsabilidades de funcionarios públicos de diferentes niveles. El Perú no merece más autoridades vinculadas a la corrupción.