El editorial de Gestión: ¿Qué mensaje queda?
Se han registrado serias irregularidades en los nombramientos con el fin de conformar cúpulas de poder que, una vez formadas, solo se pasan el cetro de mano en mano.
Por: Redacción Gestion.pe
PELIGROSO. Como era previsible, esta semana se nombró a Carlos Ramos Heredia, primo de Nadine Heredia, como fiscal de la Nación en una elección que delata uno de los problemas más graves de un sistema que facilita la concentración de poder y la corrupción.
El cuestionamiento principal al señor Ramos Heredia no viene por ser primo lejano de la Primera Dama ni por sus lazos con Palacio de Gobierno, sino porque ha sido implicado en dos casos de corrupción que no han sido del todo aclarados.
El más connotado de ellos es la presunta protección que le brindó desde la Fiscalía Suprema de Control Interno, junto con el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, al cuestionado presidente del Gobierno Regional de Áncash, Cesar Álvarez, destituyendo o reubicando a cualquier fiscal que se atreviese a investigarlo (denuncia por la cual está siendo investigado en el momento).
El segundo caso es un audio difundido por los familiares de las víctimas del incendio de la discoteca Utopía, de donde se infiere que Carlos Ramos bloquearía la investigación a favor de los acusados. Igual de cuestionable fue la elección en sí, apresurada por la Junta de Fiscales Supremos con el fin de sortear un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y plantea cambiar el sistema de votación.
Como están diseñadas las cosas, el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por siete delegados, es el responsable de nombrar a los fiscales y vocales supremos que, a su vez, son los encargados de elegir al fiscal de la Nación y al presidente de la Corte Suprema, respectivamente.
En la práctica, se han registrado serias irregularidades en los nombramientos con el fin de conformar cúpulas de poder que, una vez formadas, solo se pasan el cetro de mano en mano. Es el caso Peláez-Ramos, donde cada uno votó para que el otro sea el fiscal de la Nación en su momento. Todo esto, naturalmente, afecta a la economía también. Según el Índice de Competitividad Global estamos en el puesto 126 (de 148 países) en independencia judicial, 132 en el costo de crímenes y violencia y 137 en crimen organizado. Hay que preguntarse lo siguiente: ¿cuál es el mensaje que queda para la justicia en el país –y para los fiscales en Áncash que se les ocurrió investigar a alguien con poder- la designación del señor Ramos Heredia?