Editorial: Dudas de origen
“Este informe demuestra por qué los partidos políticos no estaban interesados en darle mayores facultades al ente electoral”.
Por: Redacción Gestion.pe
Financiamiento electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE ) acaba de dar a conocer las conclusiones del proceso de verificación del primer reporte financiero (que corresponde a diciembre del 2015) y encontró irregularidades en la declaración de ingresos y gastos en 15 de las 22 organizaciones políticas que brindaron información.
Los incumplimientos más comunes detectados son no brindar información sobre los locales partidarios ni sobre los gastos en mítines y publicidad exterior. Asimismo, falta de sustento formal de ingreso o gastos, desbalance entre ingresos y gastos y gastos nos declarados.
La labor que realiza la ONPE implica el cruce de información con diversas entidades como la SBS, Sunat o el Ministerio Público, lo que le ha permitido establecer que de las 318 personas naturales que figuran como aportantes, el 65.7% tiene deudas financieras, el 4.4% tiene deudas tributarias y el 57.2% dio aportes superiores a sus deudas. Asimismo, han detectado que varias de estas personas son beneficiarias de programas sociales, aunque les falta el cruce con el Ministerio de la Mujer para establecer el número exacto.
Resulta sospechoso que una persona con deudas decida aportar un monto superior a ellas a los partidos políticos y, peor aún, que un beneficiario de programas sociales (que supuestamente tiene escasos ingresos) decida donar su dinero a un candidato. De comprobarse esta situación, debería retirarse el beneficio a esas personas, pues demostrarían que no necesitan dicho beneficio y se debería reorientar la ayuda.
El reporte resulta útil para demostrar la clase de partidos políticos que existen en el país. Lamentablemente, no servirá para establecer ningún tipo de sanción, pues la ONPE no cuenta con las herramientas necesarias para obligar al pago de las pocas multas que fija. Este informe demuestra por qué los partidos políticos representados en el Congreso no estaban interesados en darle mayores facultades al ente electoral.